La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso Magrudis, donde se investiga el mayor brote de listeriosis detectado en España, ha pedido a la juez que imponga una fianza de más de 3,8 millones de euros a los investigados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han confirmado que la Administración autonómica ha tasado provisionalmente en más de 3,8 millones el perjuicio causado por el brote de listeriosis, en relación con los gastos sanitarios derivados del tratamiento a los perjudicados así como el que se realizó sobre las mujeres embarazada. Durante la alerta sanitaria, la consejería de Salud informó a 20.958 embarazadas andaluzas del brote de la listeriosis, a las que se les hizo una encuesta epidemiológica, básicamente para comprobar si habían consumido algunos de los productos retirados por contener la bacteria Listeria, y a 949 de ellas se les suministraron  antibióticos, aunque ninguna presentaba síntomas.

En un reciente auto, la juez señaló que hasta ahora se estima que los gastos derivados de la asistencia sanitaria a las más de 200 personas que sufrieron el contagio por haber comido los productos de Magrudis ascienden a 767.001,99 euros, de los cuales 608.822 euros se corresponden con los pacientes tratados en el Hospital Virgen del Rocío y los otros 158.179,99 euros por las prestadas en el Hospital Virgen Macarena.

Quedan aún por valorar los gastos de afectados de otras comunidades autónomas, pero en principio la Junta ha estimado provisionalmente el coste en esos más de 3,8 millones.

De otro lado, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez que imponga una fianza a los investigados de un millón de euros y la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, ha reclamado una fianza de 1,5 millones de euros. La juez debe decidir pronto sobre la imposición de la fianza y acordar los posibles embargos preventivos.

Facua considera que esta fianza debe ser impuesta de forma solidaria a todas las personas que figuran actualmente como investigados en la causa. Para satisfacer esta cantidad, la asociación de consumidores solicita a la juez que se decrete el embargo de los bienes señalados en el informe realizado por la dirección general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). 

La averiguación patrimonial realizada por el juzgado ha puesto de manifiesto algo que ya era evidente, que Magrudis ni sus dueños podrán asumir el coste de las indemnizaciones que en su día se fijen por el brote de listeriosis. De momento, el seguro de la empresa cubre la responsabilidad por daños de hasta 300.000 euros, cantidad que ya ha sido depositada en el juzgado por la compañía aseguradora y que ni siquiera cubre el coste de la asistencia sanitaria dispensada a los afectados.