La instrucción de las macrocausas

Vilaplana seguirá al frente de las macrocausas

  • La Comisión Permanente rechaza los recursos de alzada presentados por la defensa de 18 investigados y avala la legalidad del pacto entre María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo

  • La decisión no ha sido unánime, dado que ha contado con el voto en contra del vocal progresista Álvaro Cuesta.

Un agente de la Guardia Civil saluda formalmente al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Sevilla. Un agente de la Guardia Civil saluda formalmente al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Sevilla.

Un agente de la Guardia Civil saluda formalmente al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Sevilla. / juan carlos Vázquez

Vilaplana seguirá al frente de las macrocausas. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el pacto alcanzado entre la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana para que sea éste quien continúe la instrucción de las macrocausas que se investigan en este juzgado, como la de los ERE, los cursos de formación o los avales y préstamos de la agencia IDEA.

El CGPJ ha rechazado los cuatro recursos de alzada presentados por las defensas de 18 de los investigados en las distintas macrocausas contra la resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado 14 de septiembre, que aprobó la nueva atribución de las macrocausas según la propuesta realizada por Bolaños y Vilaplana. Los abogados de los investigados pueden ahora impugnar la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, un paso que algunas de las defensas ya habían anunciado que darían en el supuesto de que no se atendiera el recurso.

La decisión de la Comisión Permanente no ha sido unánime, dado que ha contado con el voto en contra del vocal progresista Álvaro Cuesta, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De hecho, los recursos iban a ser resueltos en la reunión de la comisión la semana pasada, pero al final se retiró del orden del día para seguir estudiando el caso, de lo que se desprende que ya existía al menos la discrepancia de este vocal sobre la respuesta que se debía dar a los recursos.

Las defensas habían alegado en sus recursos que el pacto alcanzado por los dos jueces para la redistribución del trabajo en el juzgado que instruye las macrocausas vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por la ley, por lo que pedían que se anulara dicho acuerdo y fuese Bolaños quien continuara la investigación.

En uno de los recursos, una de las defensas advertía de que el reparto de los asuntos entre Bolaños y Vilaplana se llevó a cabo conforme a los “criterios fijados por ellos mismos, ajenos por completo a los predeterminados por la ley, que en ningún caso previene que pudieran asumirse por el juez de apoyo aquellos que estaban atribuidos a la juez titular antes de su baja”, por lo que el pacto “desborda la competencia señalada por la ley y los criterios que para su reparto vienen predeterminados”.

Y finalmente, añadía esta defensa, el acuerdo tiene como efecto el “apartar” a la juez titular de los macrojuicios, aquellos respecto de los que la instructora “ha venido manteniendo criterios que si bien son reiteradamente confirmados” por la Audiencia, “resultan abiertamente contrarios a los que mantiene la Fiscalía Anticorrupción”, que fue precisamente la que denunció a la magistrada por supuestas faltas graves o muy graves que fueron rechazadas con rotundidad en el informe realizado por los inspectores del CGPJ. Y con ese acuerdo, prosigue la defensa, “el juez de apoyo asume indebidamente todos esos macroprocesos, en los que mantiene criterios conformes con los de la Fiscalía Anticorrupción”.

Vilaplana defendió la legalidad del acuerdo

Por su parte, Vilaplana remitió un informe al CGPJ en el que alegaba que el pacto alcanzado para la redistribución del trabajo es “correcto” y “perfectamente legal”, como de hecho ha venido haciendo durante el año aproximado en el que Bolaños estuvo de baja por motivos de salud. El magistrado asegura asimismo que el acuerdo no vulnera en ningún caso el derecho al juez natural ordinario predeterminado por la ley.

La ponente de estos recursos ha sido la vocal Nuria Díaz Abad, quien precisamente emitió un voto particular contrario al archivo de las diligencias informativas abiertas a la juez Bolaños en relación con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la titular del juzgado, al estimar que una “consideración global y unitaria” del proceder de la magistrada reflejaba “importantes retrasos” en la instrucción que influyó en el sobreseimiento de diversas piezas. 

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