Los 21 acusados en la pieza del denominado procedimiento específico de los ERE tienen un punto en común a la hora de declarar. Todos niegan que haya habido fraude. Han coinicidido en la defensa de la legalidad del procedimiento para conceder las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. 

Otro punto de coincidencia es que la mayoría niega haber recibido informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que alertaban de los posibles reparos legales. Sólo una de los investigados admitió conocerlos, Carmen Martínez Aguayo, que reconoció que no trasladó estos documentos al entonces consejero, José Antonio Griñán porque estos informes "no requerían intervención de la Consejería". 

El ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha mantenido una constante: la negación vehemente de que el sistema se creara "para burlar la ley" e incluso defendió la inexistencia de ese "procedimiento específico" para conceder las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. 

Por otro lado, José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda (2004 a 2009) y presidente de la Junta de Andalucía, posteriormente, asegura continuamente que no recibió las alertas de la Intervención General porque "no había menoscabo o riesgo de menoscabo" de los fondos públicos. Griñán argumentó que todos los informes se presentaron de acuerdo con el reglamento de la Junta sobre presupuestos y que nunca se planteó la realización de un informe de actuación que prevé esta norma en caso de que el interventor vea algún riesgo.

La existencia de esta regulación fue el fundamento de la declaración de Gaspar Zarrías. El ex consejero de Presidencia defendió que había una regulación de las ayudas puesto que estaban contempladas en las leyes de Hacienda y Presupuestos, los decretos y las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995. Asimismo admitió desconocer cómo se articulaban las ayudas en la Consejería de Empleo, aunque "era pública y notoria" su existencia. 

Un procedimiento de subvenciones tan desconocido por la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, como los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta alertando de las presuntas irregularidades, según declaró ella misma. La ex ministra de Fomento defendió la existencia de un mecanismo de control: la fiscalización previa de las transferencias de financiación cuando los recursos llegaban a la empresa pública IFA/IDEA. "En diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y tampoco a la Consejería".

De todos los ex altos cargos, quien más se explayó fue Antonio Fernández. Entró incluso en cuestiones personales como el sentimiento de acoso que vivió por parte de la juez Alaya durante la instrucción. En las siete sesiones que ocupó su declaración, Fernández sostuvo que el sistema de ayudas era legal y estaban amparadas en una "base normativa suficiente" apelando a su similitud con las otorgadas por el Estado a través de la orden del 5 de abril de 1995.

La legalidad de este sistema de ayudas fue también la base de la declaración del ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, precisando que la Intervención General de la Junta de Andalucía nunca le advirtió de una "situación de ilegalidad". Sobre Chaves, destacó que conocía el problema "pero tenía un total desconocimiento de los instrumentos". Viera admitió que en el segundo trimestre de 2000 supo que la Intervención había paralizado el pago de unas ayudas por 159 millones de pesetas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina.

La mejor defensora de Griñán durante el juicio fue Carmen Martínez Aguayo. Lo había afirmado en la fase de instrucción y se mantuvo durante la vista oral. Nunca trasladó al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General donde se  adevertía de "discrepancias contables" en torno a la partida 31L.

Francisco Javier Guerrero negó la existencia de fondos reservados en su dirección general. Durante el juicio, la defensa del ex director general de Trabajo planteó que tanto la juez Mercedes Alaya, como la Fiscalía y las acusaciones populares en el caso de los ERE podrían haber incurrido en los mismos delitos que se atribuyen a los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados por no haber imputado a los 6.500 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía, por haber "permitido o dado continuidad a la malversación de ingentes cantidades de dinero público".

En la parte final de su informe, el abogado José Ávila manifestó que si según las tesis acusatorias todas las cantidades percibidas por los prejubilados han de considerarse presuntamente malversadas, la "no imputación de esas casi 6.500 personas" que recibieron ayudas a la prejubilación y la "no reclamación individualizada de las cantidades percibidas como efectos de los delitos semejaría, llevando la propia tesis acusatoria hasta el final a –en un análisis apriorístico- que la entonces juez instructora (y en paralelo el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares, en su dejadez) podrían indiciariamente haber incurrido en idénticos delitos de los que se acusa" a Javier Guerrero

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez explicó que no apreció ningún delito de menoscabo de fondos y por esta razón no hizo un informe de actuación en relación con el uso de las transferencias para el pago de las ayudas.

Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo rechazó que se engañara al Parlamento de Andalucía con las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas. Recordó que los parlamentarios andaluces formulaban modificaciones a la partida para que se aumentara el crédito, remitiendo a las actas de la Comisión de Empleo.