La Ventana
Luis Carlos Peris
Debut rico en dudas
Digitalización del servicio público de Justicia
El desarrollo de un nuevo algoritmo en el plan de automatización del procedimiento de cancelación de antecedentes penales ha permitido ya la cancelación de casi 40.000 causas desde que se puso en marcha, el pasado 5 de mayo. El 100% de los casos contemplados por la ampliación del algoritmo se cancelará en menos de un mes. Quedarán así solo pendientes los casos más complejos contemplados en el plan, que también serán fruto de automatización durante los próximos meses.
El proyecto de automatización de la cancelación de antecedentes penales fue puesto en marcha el año pasado por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de agilizar y facilitar el proceso. “Ocho de cada diez personas que pasan por la cárcel jamás reinciden y es de justicia que sus antecedentes penales sean eliminados con diligencia”, ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop. En este sentido, la entrada en funcionamiento de la digitalización y robotización de los trámites ha permitido que solo en 2021 casi un cuarto de millón de personas viera su historial limpio sin tener que solicitarlo ni esperar más tiempo del necesario.
Este innovador proyecto, que prevé alcanzar a finales de 2022 la plena automatización de las cancelaciones de antecedentes penales, redunda en un triple beneficio para la sociedad:
El plan de robotización del procedimiento de cancelación de antecedentes penales ha sido recientemente galardonado por Ametic, la asociación empresarial representante del sector de la industria tecnológica digital en España, con el Premio de Inteligencia Artificial en la categoría de sector público y mejora de servicios sociales.
El reconocimiento que este premio supone para el Ministerio de Justicia significa un estímulo para, en palabras de Pilar Llop, “seguir apostando por la tecnología y la digitalización para mejorar la vida de la ciudadanía”. Un reto abierto a la colaboración tanto de otras administraciones como de las instituciones del sector de la Justicia, organizaciones profesionales y empresas del sector privado, así como de la propia ciudadanía.
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