Justicia gratuita

Una asociación de abogados pide que los beneficiarios del SMI puedan tener justicia gratuita

  • Piden que esta asistencia sea posible para las asociaciones sin ánimo de lucro, las microempresas y los autónomos afectados por la crisis del coronavirus

Entrada al Juzgado de Guardia de Sevilla

Entrada al Juzgado de Guardia de Sevilla

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha presentado una queja al Defensor del Pueblo por la actual imposibilidad de acceso al derecho de asistencia jurídica gratuita de aquellos ciudadanos que tan solo perciben el salario mínimo interprofesional (SMI).

Según ha informado la asociación en un comunicado recogido por EFE, la actual regulación de la ley de asistencia jurídica gratuita impide a las personas que reciben el salario mínimo acceder a este derecho, ya que superan los umbrales de renta previstos para que se le proporcione esta ayuda.

Al considerar que el salario mínimo no permite cubrir los costes de acudir a los tribunales, Altodo ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que promueva las medidas necesarias con el objetivo de que las familias y ciudadanos que reciben estas rentas puedan acceder a su derecho a una defensa gratuita.

Asimismo, desde la asociación han reclamado a este órgano que realice las acciones oportunas para que las asociaciones sin ánimo de lucro, las microempresas y los autónomos que se ven afectados por la crisis del coronavirus puedan ser reconocidos como beneficiarios de la asistencia jurídica pagada por la administración pública.

Altodo ha querido recordar que el único asesoramiento gratuito previsto por ley es el prestado por la abogacía adscrita al turno de oficio y sólo para quienes tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, aunque haya entidades que a causa de la pandemia estén aprovechando para atraerse clientes con el reclamo de una primera orientación gratuita.

Para evitar esta "mal entendida caridad" , desde la asociación piden al Defensor del Pueblo que los pequeños empresarios y las personas jurídicas puedan acceder también a los servicios públicos de asesoramiento y de defensa gratuita.

Además, han solicitado que los gastos relativos a la fase de acuerdo extrajudicial de pagos, así como el coste de la administración concursal, sean cubiertos con dinero público y estén reconocidos en la ley de asistencia jurídica gratuita.

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