El Ayuntamiento despide de forma fulminante al trabajador de Emvisesa que cobró de la empresa de la mujer de Pineda

El Ayuntamiento de Sevilla ha despedido al que hasta ahora había sido jefe de la Sección de Terciarios de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) Daniel M. L., que fue suspendido de empleo a principios de noviembre después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara en un atestado que este empleado había recibido un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, tras la operación urbanística por la que se enajenó una parcela en Pino Montano Norte.

El trabajador despedido, que por ahora no figura ni siquiera como investigado en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, llevaba más de dos décadas trabajando en la empresa municipal y, de hecho, entró a trabajar el 3 de junio de 2003 en la etapa final de Rafael Carmona, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, como delegado de Urbanismo (1999-2003) y presidente del consejo de administración de Emvisesa (2000-2003), siendo alcalde el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

En uno de los atestados elaborado por la UCO se pone de manifiesto que el trabajador de Emvisesa Daniel M. L. recibió un pago de78.650 euros de la empresa de la esposa de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, tras la operación urbanística por la que se enajenó la parcela de Pino Montano que está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, en relación con posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que constituyen el objeto de esta causa en la que, por el momento, la juez no ha imputado a nadie. El pasado lunes, investigadores de la UCO se personaron precisamente en la Delegación del Gobierno en Andalucía y se incautaron de la cuenta de correo oficial en la institución, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer.

En el informe policial, los agentes apuntan que en el marco de la investigación a Rafael Pineda -quien según los agentes vendría realizando gestiones para terceros antes distintas administraciones públicas "a cambio de contraprestaciones económicas por dichas gestiones"- se detectaron ciertos "indicios sospechosos" en las actividades de su esposa, Olga P., que es la administradora y única socia de la empresa Higuerón Real Estate, sociedad que fue la adjudicataria de la subasta pública de la mencionada parcela.

La UCO expone que ha detectado una transferencia por esos 78.650 euros desde la cuenta de Higuerón Real State a la sociedad Aural Estate S. L., propiedad de Daniel M. L., "sin motivo aparente, procedente de los grandes beneficios con la venta final de la parcela objeto de investigación", de lo que concluye que esto hacen "altamente sospechosas todas las operaciones inmobiliarias relacionadas con la parcela inicialmente propiedad de Emvisesa".

Los investigadores detallan que uno de los antiguos socios de la mujer de Pineda, Jaime García A. L., que además es trabajador de Burger King Spain, recibiría 502.961,65 euros, y el otro socio, José Luis G. C. un total de 341.549,17 euros, siendo una "persona clave en financiar la compra de la parcela en subasta por parte de Higuerón Real Estate al prestarle, junto a otras personas, el dinero necesario para adquirirla a través de la sociedad Fedrisur Inversiones". A la esposa del anterior, que también participó en la financiación de la compra de la parcela, se destinaron otros 297.182,50 euros, y otros 74.376,67 euros a la sociedad Unuk Capital, que también intervino en la financiación.

La Guardia Civil sospecha que pudiera haberse producido tráfico de influencias por parte de Rafael Pineda para la "efectiva adjudicación de la parcela objeto de investigación a la sociedad de su esposa", quien, "en connivencia con sus antiguos socios en Higuerón Real Estate, realizaron los movimientos societarios y financieros necesarios para lograr la operación".

"Una operación comercial sospechosa"

Para los investigadores, hay indicios que refuerzan la hipótesis policial de que la adjudicación de la parcela y su posterior venta se trataría de una "operativa comercial sospechosa". En este sentido, relatan que la sociedad de la mujer de Pineda se adjudicó en septiembre de 2024 la parcela de Emvisesa por un importe de 1.777.796,84 euros. La parcela salió a subasta en virtud de un acuerdo adoptado por la comisión ejecutiva del consejo de administración de Emvisesa de 1 de junio de 2022 -en la etapa de Antonio Muñoz como alcalde-, a un precio de salida superior al que finalmente se adjudicó -1.987.363,74 euros- pero esa subasta quedó desierta al no acudir nadie a la misma.

Sin embargo, en el año 2024, con el popular José Luis Sanz ya en la Alcaldía, la parcela volvió a salir a subasta con un precio de salida de 1.469.203,60 euros, es decir con una rebaja de algo más de medio millón de euros. Y es en ese momento cuando se adjudica a la sociedad Higuerón Real Estate por un precio de 1.469.204 euros, una puja "de sólo 40 céntimos por encima del precio de salida",advierte la UCO, que señala que la operación que se materializó el 4 de septiembre de 2024, con el IVA incluido, ascendía a 1.777.796,83 euros.

El informe policial destaca cómo menos de cinco meses después de esa adjudicación, en enero de 2025, se produce la venta de la parcela por parte de Higuerón Real Estate a la sociedad Eryel Invest -que forma parte del holding empresarial Burger King Spain- por importe de 3.956.284,97 euros, con lo que Higuerón Real Estate obtuvo unos beneficios de 2.178.488,13 euros, sostiene la UCO. Esos dos millones de "ganancias obtenidas", prosigue, se distribuyeron entre el matrimonio de Rafael Pineda y Olga P. (639.120,63 euros), mientras que el resto fue a parar a dos antiguos socios de Higuerón a la mujer de uno de ellos y 78.650 euros a una empresa propiedad del funcionario de Emvisesa Daniel M. L., que es jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa.