El sindicato CSIF de Justicia ha denunciado este martes que en Sevilla hay actualmente pendiente de incoar y de admitir 10.000 demandas de cláusulas suelo de las casi 15.000 que se han registrado, además de que otros 1.300 escritos están por proveer, por lo que ha denunciado que la resolución de este tipo de demandas por cláusulas abusivas es "una quimera".

La responsable de CSIF Justicia Águila Fernández ha señalado en una nota que la plantilla del Juzgado de Primera Instancia número 29, creado con fecha 30 de junio del pasado año, y del Juzgado de Refuerzo 10 Bis, que por acuerdo del CGPJ desde 1 de enero se adscribe la unidad funcional de este último al primero, encargados de forma exclusiva y excluyente de las demandas en reclamación por las denominadas cláusulas suelo "se encuentran en estado de alarma".

A día de hoy se han registrado casi 15.000 demandas, de las cuales se encuentran pendientes de incoar y admitir a trámite alrededor de 10.000, amén de más de 1.300 escritos por proveer, por lo que, según CSIF, las cuentas son claras: "quince funcionarios para tramitar 20.000 asuntos".

La carga de trabajo de un Juzgado de Primera Instancia según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son 1.200 asuntos, y en el caso de Juzgados especializados, como estos, de 700 asuntos.

Para el sindicato, la situación se traduce en que la agenda para la celebración de los juicios ya está "marcándose en el año 2022 y las personas que están esperando una resolución favorable tienen todo el derecho a conocer esta situación".

"Como respuesta satisfactoria para los justiciables de toda esta hecatombe, los Juzgados especializados en la materia se proveen de jueces y letrados de la administración de justicia de refuerzo, pero no así la labor de los funcionarios. ¿Qué sentido tiene nombrar cuatro jueces si no hay personal que pueda desarrollar la labor que deriva de la destinada a los mismos?", se pregunta el sindicato, que también se plantea que es humanamente imposible que cuatro jueces pueden celebrar los juicios correspondientes derivados de 15.000 demandas.

Para CSIF está bastante claro, desde que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo, "por parte de todos y cada uno de los gobiernos, en connivencia con los distintos acuerdos del CGPJ, se han puesto todas las trabas posibles para que estas demandas no lleguen al fin que se persigue: resarcir al ciudadano".

El sindicato solicita del nuevo consejero de Justicia, Juan Marín, que se atienda a la realidad de la situación de los funcionarios de los juzgados encargados de las demandas de cláusulas suelo en Sevilla y por ende de las reclamaciones de los ciudadanos.