Una colilla que puede valer 1.500.000 euros: una prueba clave en un juicio contra un millonario inversor madrileño de Forbes

Una colilla recogida en A Coruña es el eje de un proceso judicial que podría significar el pago de hasta 1.500.000 euros, vinculando a un millonario inversor madrileño, incluido en la lista Forbes, con un presunto hijo extramatrimonial nacido y criado en la ciudad gallega. La causa, actualmente en marcha en 2025, se centra en la reclamación de filiación y reconocimiento de derechos hereditarios por parte de un joven cuya madre también reside en A Coruña, tras una relación sentimental mantenida en la juventud con el empresario, según ha informado este jueves el abogado Fernando Osuna.

La investigación se apoya en la recolección de ADN realizada por un detective privado en otoño de 2024 a un presunto hermano y en una serie de pruebas documentales y electrónicas, entre las que destacan mensajes personales por aplicaciones de mensajería instantánea en los que el demandado muestra cierta preocupación por el joven reclamante. El análisis genético arrojó una coincidencia de parentesco del 99 %, incrementando las probabilidades de establecer formalmente la filiación.

La controversia por la filiación de hijos extramatrimoniales ha alcanzado relevancia social y mediática. En los últimos años, un total de cinco empresarios recogidos en la famosa lista Forbes han visto cómo la Justicia interviene para esclarecer situaciones parecidas, originadas en la falta de reconocimiento voluntario por parte de los progenitores. El caso actual de A Coruña presenta la singularidad del uso de una colilla recogida por un detective como principal prueba de ADN, señalando la importancia de estas figuras profesionales en procedimientos civiles de esta naturaleza.

El demandante, cuyo padre biológico supera los 65 años y cuenta con dos hijos reconocidos, sostiene que la única vía para conseguir una resolución judicial y el acceso a posibles derechos hereditarios ha sido recurrir a la Justicia. La infancia del reclamante estuvo marcada por dificultades económicas y personales, lo que ha complicado su desarrollo y su acceso a los recursos básicos. Según la documentación aportada por la defensa, el joven cuenta con únicamente un hermano de madre, confirmándose mediante pruebas genéticas que no comparten padre.

Entre las pruebas, se han presentado también mensajes en los que el inversor madrileño reconoce cierta relación y expresa inquietudes sobre la situación del joven, así como testigos que certifican el parecido físico entre ambos. Aunque la parte demandante no descarta una solución amistosa que evite una sentencia, el proceso de filiación avanza firme en los juzgados coruñeses en este 2025, a la espera del posterior procedimiento de reclamación de herencia.

La labor del detective y la relevancia de la prueba genética

El papel del detective privado ha sido clave en la obtención de la prueba principal. Según el informe registrado ante el juzgado, el profesional realizó un seguimiento al presunto hermano del joven, logrando en octubre de 2024 recoger una colilla de cigarrillo utilizada en un bar de la ciudad. El procedimiento cumplió los protocolos legales: "Esta se recoge con unas pinzas y con guantes reglamentarios y se guarda en un sobre de papel enviándola por correo certificado para su análisis posterior", detalla el informe.

El laboratorio corroboró que el ADN contenido coincidía en un 99 % con el del demandante, reforzando la tesis de que ambos comparten paternidad. Esta práctica, aunque costosa y fuera de la cobertura de la Justicia Gratuita, se ha vuelto habitual en procedimientos de este tipo en España, especialmente al haberse constatado que algunos padres dilatan los procesos judiciales y recurren todas las instancias para evitar reconocer a nuevos herederos.

Muchos de estos casos presentan un escenario complicado para los hijos que buscan reconocimiento judicial, como destaca la experiencia acumulada en varios procesos recientes contra empresarios reconocidos. Entre las problemáticas figura la dilatación innecesaria de los trámites, que en ocasiones llegan a prolongarse durante hasta veinte años, además del elevado coste económico que deben afrontar los demandantes, quienes muchas veces no cuentan con recursos económicos equiparables a los de las familias de los progenitores.

La Justicia, en estos procedimientos, pone de manifiesto la desigualdad existente entre el entorno de los padres –caracterizado por estabilidad económica, familiar y social– y la situación de los hijos reclamantes, quienes en algunos casos llegan a vivir en situaciones de vulnerabilidad. Los profesionales subrayan también el impacto psicológico y social: la falta de reconocimiento puede provocar inseguridad, sensación de abandono, baja autoestima y dificultades en la integración escolar y social, así como problemas de salud asociados al estrés prolongado.

Los afectados, y las asociaciones que los apoyan, destacan la necesidad de defensa de los derechos de las madres, la agilización de los procesos judiciales y un mayor soporte de los poderes e instituciones públicas. Solicitan, además, la obligatoriedad del registro de ADN en los nacimientos y la intervención de mediadores voluntarios para evitar litigios prolongados y costosos.

Abogan por medidas concretas como la protección de la infancia, la sensibilización de la sociedad ante estas realidades y la inclusión de mecanismos que eviten la instrumentalización de las dilaciones judiciales. También solicitan que los niños y adolescentes que atraviesan por estos procesos puedan desarrollarse en entornos saludables, mitigando los impactos negativos derivados del rechazo paterno y de la falta de identidad familiar.

Pese a la complejidad y el conflicto frecuente en estos procedimientos, no faltan ejemplos de resolución amistosa y reconocimiento público por parte de algunos progenitores. En España, han trascendido soluciones como la reconciliación entre el cantante Carlos Baute y su hijo extramatrimonial, reconocido públicamente en 2019, o el caso de empresarios que han optado por integrar laboralmente al nuevo miembro familiar. Destacan asimismo episodios en Málaga, Cáceres o incluso en el ámbito internacional, donde los vínculos familiares se restauraron tras sentencias o acuerdos de mediación.

En definitiva, el caso coruñés subraya la trascendencia de las nuevas herramientas y estrategias legales en el reconocimiento de derechos filiales y hereditarios, en una España que enfrenta el reto de adaptar su Justicia a los nuevos contextos familiares y económicos. La colilla recogida discretamente en 2024 puede marcar el rumbo de uno de los procesos sucesorios más significativos para 2025 y servir de referencia para otros casos similares que actualmente esperan resolución en los tribunales.