Condenado un abogado a indemnizar a Rubén Sánchez con 20.000 euros por llamarlo "estafador" e inventar una sentencia contra él

El juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla ha condenado al abogado Pablo Franco Otero a indemnizar con 20.000 euros al secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, por haber atentado contra su honor al llamarle "estafador" e inventar que tenía una condena de la Audiencia Nacional por inflar los socios de la organización para recibir más subvenciones.

Con esta son ya 29 las sentencias que ha ganado Sánchez a personajes de la ultraderecha en procedimientos por intromisión ilegítima en el derecho al honor, derecho de rectificación, calumnias y amenazas. Dictada el 25 de septiembre, ha sido notificada este lunes a las partes, según ha informado Facua en un comunicado.

Además del pago de la indemnización, el juez José Ignacio Rodríguez Pérez también ordena a Franco en su sentencia que proceda a "la eliminación de las publicaciones objeto de condena" —dos vídeos y un tuit— y a que él mismo "dé lectura al fallo" mediante sendos vídeos en sus dos canales en YouTube, que debe publicar «en cualquier horario comprendido entre las 10:00 y las 22:00 horas». También deberá publicarlo en su perfil de X —antes Twitter—, "con el texto acompañado de una imagen adjunta que muestre el fallo" y "con aclaración expresa de quién es el demandante y quién el demandado".

Después de que el juzgado notificase la sentencia a las partes en la mañana del lunes, Franco interrumpió un vídeo que estaba emitiendo en directo y acto seguido cerró su perfil de Twitter. Ocho horas después volvió a abrirlo y había eliminado varios mensajes en los que aludía a Sánchez, entre ellos el tuit por el que ha sido condenado.

La dirección letrada del secretario general de Facua la ha llevado el abogado sevillano Francisco Tejado, que también lo ha defendido con éxito en la causa por derecho al honor donde el ultra Raúl Alfonso Paredes está condenado a indemnizarle con 30.000 euros y en otros tres procedimientos frente al exjefe de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que será juzgado en mayo de 2026 por un fraude de 2,5 millones de euros en subvenciones públicas —Sánchez ejerce la acusación popular—.

En su sentencia, el juez determina que Franco incurrió en intromisión ilegítima en el derecho al honor del secretario general de Facua en un tuit y sendos vídeos publicados en sus dos canales de YouTube el 24 de agosto de 2024.

Un tuit y dos vídeos

En uno de los vídeos, el abogado conversaba con Cristina Seguí y le aseguraba que Sánchez había sido condenado por un fraude con subvenciones públicas. “También es verdad que este tío ya tiene, me comentaban hoy, que tiene una sentencia de la Audiencia Nacional por falsear su número de suscriptores para tener subvenciones", dijo Franco en el vídeo. Lo cierto es que no existe ninguna condena contra Sánchez como consecuencia de demanda, denuncia ni querella alguna interpuesta contra él. Tampoco Facua ha sido condenada por la Audiencia Nacional por irregularidad alguna con sus cifras de socios ni con subvenciones públicas.

En el otro vídeo emitido en YouTube por el que ha sido condenado, que también difundió desde su cuenta de Twitter, Franco acusó al secretario general de Facua de ser un "mentiroso" y un "estafador". Para intentar demostrar su acusación, el abogado inventó que Sánchez había engañado a las 1.665 personas que le habían donado dinero a mediados del año pasado para crear una caja de resistencia con el fin de defenderse en los tribunales del acoso y las difamaciones de la extrema derecha. Defensa que afecta, entre otros, a procedimientos por injurias y calumnias, derecho al honor y rectificación.

Franco aseguró que las demandas de rectificación nunca implican el pago de costas cuando se pierden y que por tanto Sánchez habría recaudado dinero mintiendo sobre este riesgo. En su demanda, el secretario general de Facua aportó resoluciones de distintas audiencias provinciales que imponen el pago de esas costas en ese tipo de procedimientos. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.