El ex trabajador de la UGT-A Roberto Macías, que fue condenado por revelación de secretos por la sustracción de información del sindicato, ha ratificado este martes en su declaración ante el tribunal la existencia de una "facturación fraudulenta" que el sindicato iba encargando a los proveedores por determinados servicios que no se habían dado o que se habían realizado por un importe inferior, lo que generaba un bote que ha llegado a comparar con un "fondo de reptiles".

A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, el ex empleado del sindicato ha ratificado dos de las modalidades que presuntamente el sindicato utilizaba para la realización de un fraude que se estima en más de 40 millones de euros y así ha explicado que en ocasiones se encargaba la realización de facturas ficticias a los proveedores y en otras ocasiones se correspondían con la prestación de un servicio pero "con un precio menor, se han inflado". Ese saldo que se generaba "se descuenta con albaranes de entrega o de bote y con eso se compraban bandeloras, camisetas, merchandising y todo lo necesario para la actividad sindical", ha detallado Roberto Macías, que ha afirmado que desde su punto de vista el sindicato "tiene todas las prácticas de una organización mafiosa".

El denunciante ha señalado que los proveedores que participaban en esas prácticas fraudulentas "eran de confianza, porque se prestaban a los chanchullos que se investigan aquí" y ha dicho que tiene constancia de que hay otros proveedores que participaron en el fraude y no se les ha investigado. Sobre uno de los mecanismos defraudatorios, el rápel, ha indicado que se trataba de descuentos que los proveedores le hacían al sindicato por el volumen de compras, de tal forma que cuando UGT-A pagaba la factura, "a la semana aparecía el proveedor con un talón del rápel", un descuento del que no se daba cuenta a la administración que iba "a las cuentas del sindicato".

Sobre las cantidades que se pagaban por ese concepto, ha señalado que hay casos en los que "se pagaba un 20%, como en la empresa Caronte; las imprentas pagaban un 10% y las agencias de viaje un 3%; los que más rápel pagaban son las empresas que más facturaban a la organización".

El testigo, que fue condenado a un año de prisión por la sustracción de archivos informáticos del sindicato, se ha referido al "maquillaje" y a los "chanchullos" que se hacían con las facturas en la organización sindical y ha apuntado directamente al que fuera tesorero de la UGT-A Federico Fresneda, como uno de los responsables del fraude y ha dicho incluso que en determinadas reuniones con otras personas de la organización sindical éste manifestó su preocupación y dijo que "había que tener mucho cuidado porque se falseaban conceptos", ha aseverado el testigo.

El fiscal del caso, que ha interrogado al testigo durante más de una hora, le ha puesto un ejemplo concreto de una presupuesto de 621 euros de la empresa Lienzo Gráfico para la elaboración de una guía sindical de Medio Ambiente que se convirtió finalmente en una factura de 17.000 euros y, sobre este supuesto, el testigo ha afirmado que "este tipo de maquillaje se hacía bajo la supervisión del Departamento de Justificaciones", ya que al Departamento de Compras en el que él trabajaba -era "el último mono" ha llegado a decir- siempre les llega una indicación que acataban, todo ello bajo las supuesta orden de Fresneda. Cuando tenían un descubierto por ejemplo de 20.000 euros se pedía la factura "y se mandaba al bote", ha agregado.

Dice que no tiene enemistad con los acusados

El presidente del tribunal, Ángel Márquez, ha preguntado al testigo tras un receso si tenía alguna amistad o enemistad con los acusados, algo que ha negado Roberto Macías, aunque ha asegurado que en el sindicato "no han sido justos" con él. El testigo, que es licenciado en Derecho, sí ha reconocido que intentó ejercer la acusación popular con una asociación contra la corrupción a la que pertenece y añadió que en una ocasión acudió al jugado a denunciar un presunto alzamiento de bienes por parte de la UGT-A en relación con sus inmuebles.

Una de las defensas le ha preguntado si tenía interés en que condenaran al sindicato. "Si ha habido fondos públicos malversados, tengo interés en que los andaluces lo recuperen", ha afirmado Roberto Macías. "¿Quiere que se haga Justicia?", le ha interpelado el letrado, a lo que el testigo ha respondido que "hace falta".

La anécdota la ha protagonizado al final del interrogatorio el abogado del sindicato UGT-A, José María Calero, quien a tenor de las manifestaciones del testigo ha comenzado sus preguntas diciéndole "le habla el abogado de la organización criminal".

Calero le ha preguntado a Roberto Macías "si cobró" por filtrar la información a la prensa y la respuesta del testigo ha sido: "Cree el ladrón que todos son de su misma condición", lo que ha motivado las protestas de algunas de las defensas al considerar que se trata de un comentario impropio de un testigo. "Son comentarios definidores del testigo", ha zanjado el letrado de la UGT-A.

El denunciante también se ha referido al origen del concepto de "bote" y en este sentido ha dicho que la cuestión surgió cuando se reunió con la empresa que desarrolló el programa informático Spyro para la gestión del rapel y del bote, y cuando le explicaron lo que necesitaban les comentó que el sistema del sindicato "es lo más parecido al bote de un bar" porque ellos hasta ese momento lo denominaban bajo el concepto de "entregas a cuenta".

En la sesión de este martes también ha prestado declaración otro trabajador del sindicato, Juan José Gutiérrez, quien fue empleado de la UGT y luego de su sociedad instrumental Soralpe, que ha afirmado que a través de Soralpe no se han pagado sobresueldos a otros miembros de la organización salvo un periodo de dos o tres meses en los que se dio de alta y se pagó el salario a Federico Fresneda, pero ha aseverado que a través de Soralpe "no se han pagado anticipos ni cantidades a cuenta a nadie".

Desde Soralpe, ha añadido este testigo, no se pedían a los proveedores facturas que no se corresponden con literalidad, "todo lo que comprábamos llevaba el visto bueno del departamento de Compras".

El fiscal le ha preguntado si esta sociedad contabilizó pagos por viajes no relacionados con los cursos de formación y el testigo ha afirmado que los únicos viajes que conoce que se han abonado son los que hacía cada 15 días el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea -uno de los 15 acusados en este proceso-, por sus viajes a Sevilla, dado que residía en Bilbao y trabajaba en Madrid.