Punto y final a la mayor estafa piramidal de Sevilla

El juez de lo Mercantil de Sevilla ha declarado el fin del concurso de acreedores de la inmobiliaria Contsa, que con 1.653 afectados fue la mayor estafa piramidal registrada en Sevilla y una de las mayores de España. El dueño de la empresa, José Salas Burzón, cumple desde 2016 una condena de 9 años de cárcel por estafa.

Los 1.653 inversores que le confiaron sus ahorros (a los que prometía intereses de hasta el 45%) solo han cobrado el 2,5% de lo invertido en la inmobiliaria.

El auto, al que tuvo acceso este periódico, declara el fin del concurso abierto en 2008,extingue la sociedad concursada, libra el correspondiente mandamiento al Registro Mercantil y aprueba la rendición de cuentas realizada por la Administración Concursal.

Los administradores concursales fueron Miguel Isasi Fernández de Bobadilla, Francisco Tato Jiménez y Joaquín Miguel Aguilar Cazorla, quienes primero pagaron a los “acreedores privilegiados” (Hacienda y Seguridad Social) y luego al resto de acreedores.

Para atender el pago se informó por carta a los acreedores y facilitó una página web para que consignaran datos bancarios para transferir el importe correspondiente a cada uno.

Hasta mayo de 2018 se realizaron transferencias a un total de 1.398 acreedores por importe de 2.323.239 euros.

Las cantidades correspondientes a los dos centenares de acreedores que no han facilitado datos para transferencias (cuyo importe asciende a 170.943 euros) han sido depositadas en la Caja General de Depósitos dependiente del Ministerio de Economía, según informan a este periódico fuentes del caso.

En cuanto a los créditos con privilegio, la Agencia Tributaria cobró 236.966 euros, la Junta de Andalucía 209.519, el OPAEF de la Diputación de Sevilla 1.850 y la Seguridad Social 9.130. Los gastos corrientes durante el concurso ascendieron a 222.900 euros.

De forma paralela a la condena al empresario, el Juzgado de lo Mercantil tramitó el concurso de acreedores, que fue declarado culpable, y en 2017 condenó al empresario a la cobertura del 100% del déficit resultante de la liquidación, cantidad que junto con los intereses y costas fue cifrada en 142.422.801 euros.