Extranjería e inmigración Los fiscales de Extranjería unifican criterios en Sevilla

  • Debaten los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal

Joaquín Sánchez-Covisa preside la reunión de fiscales de Extranjería Joaquín Sánchez-Covisa preside la reunión de fiscales de Extranjería

Joaquín Sánchez-Covisa preside la reunión de fiscales de Extranjería

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Un centenar de fiscales de Extranjería de España se han reunido durante dos días en Sevilla para unificar criterios ante la nueva regulación de los delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los fiscales, junto con representantes de la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza, debatieron de forma monográfica el artículo 318 bis del Código Penal, reformado en 2015 para trasponer dos directivas europeas. Frente a la tendencia al endurecimiento de  anteriores reformas, ésta redujo significativamente el marco punitivo vinculado a los tipos básicos de ayuda a la inmigración ilegal. 

La reunión estuvo presidida por el fiscal de sala coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, y sus adjuntos Beatriz Sánchez Álvarez y Luis Lafón, en un encuentro organizado por la fiscal delegada de Extranjería en Sevilla, Natividad Plasencia.

Sánchez-Covisa explica a este periódico que los tipos agravados no plantean problemas de interpretación pero sí el tipo básico, que con la reforma “parece que se ha convertido en un delito menos grave” penado con multa (de tres a doce meses) alternativa a la prisión (tres meses a un año).

“El legislador tuvo buena intención al trasponer las directivas europeas pero provocó cierta inseguridad a la hora de interpretar”, señala. A ello se une la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues la veintena de sentencias en materia de inmigración se refieren a hechos anteriores a la reforma.

Según Sánchez-Covisa, la nueva redacción “ha cambiado radicalmente la anterior regulación, ha significado una reducción muy notoria de las penas privativas de libertad en los tipos básicos y el cambio en la redacción de la ley ha provocado dudas de interpretación”.

Los fiscales, después de dos días de debate, elevarán un informe con sus conclusiones a la fiscal general del Estado, María José Segarra, de cara a una posible Circular sobre la materia.

Los fiscales han abordado cuestiones como el papel de las ONG, cuando aplicar la excusa absolutoria de actuar con la finalidad de prestar ayuda humanitaria, o como interpretar las agravantes de ánimo de lucro, reiteración,  pertenecer a una organización dedicada a tales actividades y haber puesto en peligro la vida de los migrantes.

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