La Guardia Civil investiga al alcalde de Gines y al empresario vinculado a Rafael Pineda

La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que han sido detenidas cinco personas, entre ellas Rafael Pineda -ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía- y su mujer, también ha salpicado al alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido, quien ha comparecido en calidad de investigado no detenido, y también a un empresario que habría pagado dos comidas a Pineda supuestamente a cambio de las gestiones realizadas en la tramitación de expedientes de extranjería y en relación con la licencia de apertura del restaurante Green House, ubicado en la localidad de Gines.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, el alcalde de Gines fue citado ayer a declarar como investigado en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Montequinto, donde los agentes de la UCO le atribuyeron presuntamente delitos de prevaricación y cohecho, relacionados con la concesión de la licencia para el restaurante Green House, propiedad del empresario David R. M., quien también compareció ante la Guardia Civil, en este caso imputado por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Tanto Romualdo Garrido como David R. M. se acogieron a su derecho constitucional a no declarar en sede policial, emplazando dicha declaración al momento en que sean llamados a declarar por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga si el regidor de Gines "presionó" a una empleada municipal para acelerar los expedientes urbanísticos relacionados con el empresario, que también aparece vinculado presuntamente al blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.

Esta variante del caso surge a raíz de un informe que la UCO remitió a la juez en septiembre del año pasado, en el que daba cuenta de las pesquisas realizadas en torno a los tres expedientes administrativos abiertos en el Ayuntamiento de Gines relacionados con la actividad del Green House. Dicen los investigadores que las gestiones realizadas por Rafael Pineda con el Ayuntamiento de Gines se realizaron entre mayo y octubre de 2024, cuando el local volvió a abrirse al público tras haberse solucionado los inconvenientes que se habían puesto por parte del Consistorio.

Pineda se reunió, continúa la Guardia Civil, en varias ocasiones con Romualdo Garrido para "conseguir la resolución positiva de los distintos expedientes en los que está inmerso el local Green House" y para ello el alcalde habría realizado "presiones a una tal Yolanda, que podría ser la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Gines, o al menos, una trabajadora del Ayuntamiento que estaría interviniendo en los citados expedientes".

A cambio de "comidas y cenas"

En el informe policial, los agentes concluyen que tanto Pineda como Romualdo Garrido "habrían recibido supuestamente" del empresario dueño del Green House, David R. M., contraprestaciones por las gestiones realizadas que "consistirían principalmente en invitaciones a comidas y cenas, así como a consumiciones tipo copas, la mayoría de ellas en locales propiedad del propio" empresario.

La UCO señala igualmente que a cambio de las gestiones realizadas presuntamente por el regidor ginense, Rafael Pineda "se habría comprometido a realizar gestiones" relacionadas con el proceso judicial en el que figura como investigado Romualdo Garrido por las presuntas irregularidades relacionadas con la celebración del evento de 'La Pará' de Gines. La Guardia Civil concluye que no tiene constancia "por el momento" de que esas gestiones "se hayan realizado ni hayan surtido efecto". De hecho, esa causa sigue abierta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque la Fiscalía ha pedido el carpetazo de este proceso en el que están investigados Romualdo Garrido y otras 19 personas.

Tras el informe de la Guardia Civil, la juez autorizó a los agentes a requerir al Ayuntamiento de Gines los tres expedientes administrativos relacionados con la actividad del negocio Green House de Gines, todo ello con la finalidad de "examinar el desarrollo de los expedientes y los intervinientes, para determinar si incurrieron en alguna ilegalidad constitutiva de infracción penal, pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, entre otros".