El interminable juicio ERE de Río Grande: la Audiencia vuelve a suspenderlo hasta el 25 de septiembre... “por el momento”

El juicio por el ERE de Río Grande empezó en junio y se suspendió en julio, cuando sólo restaban tres sesiones, por problemas de salud del presidente del tribunal. La reanudación se señaló para septiembre, pero por el camino hubo varios cambios de fecha (entre otras razones porque los peritos estaban de vacaciones el día que iban a comparecer) y, sobre todo, hubo un importante avatar: la dueña del restaurante recusó a dos de los jueces por la consulta que, como miembros de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, elevaron a Europa sobre la influencia de las sentencias del Tribunal Constitucional en las condenas a los políticos. Esa circunstancia va a provocar otro retraso en la causa. Mientras resuelve la recusación, la Sala ha aplazado las sesiones hasta el 25 de septiembre... “por el momento”. Porque, al mismo tiempo, el abogado de otro acusado está de baja y ha pedido la suspensión del juicio.

El incidente de recusación fue presentado por el procurador de la acusada Carmen García el 22 de julio. En el escrito argumentaba que dos de los tres magistrados que la están juzgando, Francisco de Asís Molina y Juan Jesús García, tenían el criterio contaminado de antemano en su contra. ¿Por qué? Porque firmaron el auto del 14 de julio en el que la Sección Primera mandaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una “cuestión prejudicial” para que se pronuncie sobre las sentencias del Constitucional que ampararon a los ex altos cargos condenados en la pieza del procedimiento específico, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En aquel auto, la Sección Primera explicaba que el objetivo de la cuestión prejudicial era saber si debía aplicar o no las sentencias del Constitucional, que pueden dejar en nada o casi nada las condenas dictadas en la pieza de los políticos. Según la Sala, el fin es “evitar” que la doctrina del Constitucional “produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares”.

Para la defensa de la acusada “es evidente [...] que el dictado del auto [...] condiciona de forma muy intensa el resultado de la sentencia que recaerá en la presente pieza”, la de Río Grande. “Entendemos que los Ilustrísimos Señores Magistrados [...] se han formado una opinión sobre el contenido y efectos de las sentencias del Constitucional y de la interpretación que ha hecho sobre ellas el Supremo en la pieza de Acyco [absolvió al exconsejero Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Juan Márquez]”, decía el escrito de recusación.

En opinión de la defensa, la consulta al TJUE sólo tiene “la finalidad de evitar seguir el criterio marcado por el Constitucional”, un criterio a su juicio “favorable a los intereses” de la acusada respecto al delito de malversación porque “implica la legalidad de las ayudas sociolaborales concedidas” por la Junta, entre ellas la que recibió Río Grande.

“Con todos los respetos y la consideración” a los dos jueces, la defensa entendía que ambos “pudieran ver comprometida la necesaria imparcialidad que [...] todos los ciudadanos tienen derecho a exigir”, lo que a su vez podría desembocar en una “vulneración del derecho a un juez imparcial”.

Tras recibir el incidente, la Sala pidió a las partes personadas en el caso que explicaran si apoyaban o rechazaban la recusación. Y ahora, recién comenzado el curso judicial y con todas esas opiniones en su poder, el tribunal debe deliberar y determinar si acepta la recusación (la opción a priori más improbable) o la rechaza. Mientras llega esa decisión, el juicio vuelve a paralizarse. Iba a reanudarse el próximo lunes 8, pero no será así. Los magistrados han entendido que no van a tener tiempo suficiente para resolver la recusación de aquí a entonces, así que el 2 de septiembre dictaron una providencia en la que comunican ese nuevo aplazamiento.

“Estando en tramitación la recusación [...] respecto de los magistrados Francisco de Asís Molina y Juan Jesús García [...], se acuerda la suspensión de la sesión del juicio que se encontraba señalada para el día 8/09/25 y se mantiene por el momento los días 25 y 26 de septiembre”, establece la Sección Primera en un escrito que está firmado por el presidente del tribunal, por suerte ya con el alta médica.

El inconveniente, otro más, es que ni siquiera es seguro que la vista oral se reanude el día 25 porque ahora hay otro protagonista de baja. Se trata del abogado de Antonio Albarracín (antiguo directivo de la mediadora Vitalia), que padece un grave problema de salud. Según el parte médico que ya ha presentado en la Audiencia, estará de baja laboral durante tres meses, de ahí que haya solicitado que el juicio no se celebre hasta que esté en disposición de acudir.