La juez ha confirmado el archivo de la causa contra los  seis policías nacionales acusados de robo durante una inspección contra el contrabando de tabaco en una tienda del distrito Macarena regentada por un matrimonio rumano. En un auto, la juez de Instrucción número 1 de Sevilla, María Elvira Alberola, ha ratificado su decisión de sobreseer la investigación contra los seis agentes después de que tanto la Fiscalía como la defensa de los agentes hayan advertido de los "motivo espurios" y de "venganza" de la denunciante, una mujer de nacionalidad rumana que ha sido procesada junto a su marido y varias personas más por un delito de contrabando de tabaco y se enfrenta a penas de prisión.

La intervención se produjo la noche del 19 de mayo de 2015 y La dueña del negocio, una mujer de nacionalidad rumana, denunció que los agentes le habían sustraído 17.000 euros y exigido otros 5.000 para no volver a molestarles.

La denunciante aportó como prueba una serie de imágenes de una cámara de seguridad en la que aparecía uno de los agentes guardándose un fajo de billetes en el bolsillo. Sin embargo, la grabación estaba cortada y, después de más de tres años, la Policía Científica pudo extraer las imágenes originales. En ellas, se veía cómo poco después de la marcha de los policías, llegaba otra mujer al local y se guardaba más dinero en el sujetador.

El caso fue archivado en junio a petición de la Fiscalía, pero la rumana presentó un recurso que ahora ha sido rechazado por la juez porque considera que no está justificada la perpetración del delito que se atribuye a los agentes. Aunque las cámaras reflejan cómo uno de los policías introduce una bolsa verde con dinero en un bolsillo, éste afirma que se lo devolvió al propietario en el exterior del establecimiento, lo que confirman los otros agentes, dice la juez, que coincide con la Fiscalía y con el abogado Simón Fernández Rebollo, que representa a tres de los agentes -los otros dos han sido defendidos por los letrados Francisco Javier Carnerero y otro por la letrada María del Carmen Iglesias-, que puede concurrir en los denunciantes "un móvil espurio, evitando con la denuncia ulteriores denuncias policiales o inspecciones en la tienda de su propiedad en busca de tabaco, no quedando tampoco acreditado que los investigados sustrajeran dinero del establecimiento".

La juez se refiere en el auto a las imágenes recuperadas por la Comisaría General de la Policía Científica donde se observa que tras la intervención policial, sobre las 2:50 horas una mujer habla con la denunciante y se guarda en el sujetador "dos fajos de billetes de 50 euros", lo que a juicio de la instructora "introduce una importante duda que debe conducir al sobreseimiento de la causa de que los agentes investigados sustrajeran el dinero", dado que horas más tarde "se observa en el mismo establecimiento guardar lo que parece ser una importante cantidad de dinero que además no parece lógico no sustrajeran los agentes si habían decidido sustraer el dinero del establecimiento".

Todo ello lleva a la juez a reiterar que "no existen indicios racionales de que los investigados hubieran sustraído el dinero denunciado, pues si bien lo cuentan y no lo reflejan en el acta como se observa en las cámaras, no se observa sin embargo en la grabación que la bolsa que sacaron del establecimiento contuviera dinero y lo que se estima fundamental, horas más tarde las mismas cámaras reflejan la existencia del dinero, de una importante cantidad en el establecimiento" que se guarda una mujer.

"Ninguna prueba objetiva corrobora la denuncia"

La Fiscalía de Sevilla solicitó la confirmación del archivo de la causa contra los seis policías nacionales, que formaban parte del Grupo 3º Operativo de Respuesta del citado distrito y estuvieron suspendidos de empleo y sueldo durante casi tres años, porque según afirma "no existe ninguna prueba objetiva que corrobore lo manifestado por la denunciante" y sin embargo, si advierte que existen "lagunas y significativas contradicciones en su testimonio y el de otros testigos que acudieron aquella noche al lugar de los hechos, amén de los móviles espurios" a los que entiende que puede responder la denuncia.

En este sentido, la fiscal señala sobre la cantidad de dinero que aquella noche tenía en la tienda que aunque la denunciante declaró que era para comprar productos en el extranjero, "no explica suficientemente la razón por la que tenía oculta una cantidad de 22.000 euros en lugares tan inverosímiles como el interior de un frigorífico y ni tampoco el origen del mismo". Y añade que "llama la atención" que no ingresara el dinero en su cuenta bancaria y que "un negocio como el de la denunciante proporcionara tan elevadas ganancias".

De la misma forma, para el Ministerio Público "llama poderosamente la atención" que la denunciante no hubiese informado en ninguna de las tres declaraciones que ha prestado que después del supuesto robo se presentó otra mujer que, "en actitud sonriente, se mete dentro del sujetador dos fajos de billetes que le entrega la denunciante", billetes de 50 y 100 euros, y tampoco entiende la Fiscalía la "actitud sonriente y relajada" de la denunciante mientras se produce esa escena de la ocultación del dinero en el sujetador.

Por último, la Fiscalía subraya que la denunciante no ha negado que vende tabaco de contrabando, aunque dice que es "en poca cantidad" y que en ocasiones le había sido intervenido por estos mismo policías, y añade  que la investigación desarrollada por un delito de contrabando contra la ciudadana rumana "evidencia que la denunciante, presuntamente, se dedica al contrabando de tabaco y no en pequeñas cantidades, y bien podría con esta denuncia y sus ulteriores declaraciones, tratar de vengarse por esas aprehensiones anteriores y poder seguir desarrollando esa actividad delictiva impunemente".

El abogado de tres de los policías, Simón Fernández, afirma en este sentido que "no debe descartarse la existencia de un ánimo revanchista frente a los agentes que en ocasiones anteriores propiciaron con sus investigaciones la incoación de diligencias previas" frente a la denunciante por delitos de contrabando.