Caso Avales: el juez cita a declarar al exconsejero Francisco Vallejo y otros 17 investigados por la ayuda de la Junta de Andalucía a TPM

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar como investigadas a un total de 18 personas, entre ellas el exconsejero Francisco Vallejo y varios exviceconsejeros de la Junta de Andalucía, como Agustín Barberá y Jesús Rodríguez Román, en una pieza separada del conocido como 'caso avales', por la “indebida” concesión de la ayuda en forma de aval por importe de 1.190.000 euros que la Agencia Idea concedió a la sociedad Grupo TPM, Inversiones Plásticas.

En un auto notificado esta semana a las partes personadas en este procedimiento y facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un informe fechado el 18 de diciembre de 2020, hace ya más de cinco años, y cita a declarar a todos los investigados durante los días 17, 18, 24 y 25 de febrero. También acuerda ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de la causa otros seis meses adicionales, hasta el 21 de junio de este año.

Asimismo, el instructor acuerda librar oficio al director de la Agencia Idea a fin de que, “a la mayor brevedad posible”, le facilite “toda la información y documentación de que disponga (peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandums, actas de reuniones, propuestas, correos electrónicos, notas, etc...) sobre la concesión” de una serie de ayudas a esta sociedad, en concreto dos incentivos directos por importes de 1.040.366 y 106.639 euros, respectivamente, y dos incentivos reembolsables por importes de 10.159.820 y 903.717 euros. En este sentido, el juez requiere al director de la Agencia Idea que emita un informe sobre si las dos ayudas en forma de incentivos directos mencionadas ”han sido efectivamente abonadas por Idea", incluida la "documentación justificativa”.

Por otro lado, el magistrado acuerda también librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, conforme a lo solicitado por la Fiscalía, amplíe su atestado y practique "las diligencias pertinentes" para "identificar a los directivos, responsables y/o representantes del Grupo TPM que habrían podido tener participación en la concesión, desarrollo, seguimiento y ejecución irregulares del aval, por importe de 1.190.000 euros, concedido por los responsables de la Agencia Idea en favor” de la empresa.

El magistrado explica en el auto que en este procedimiento se investiga la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, “sin perjuicio de posterior y definitiva calificación de los hechos”, vinculados con la “indebida” concesión de ayudas en forma de avales al Grupo TPM “sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello (situación de crisis de la empresa y previsión de su viabilidad futura)", de acuerdo con lo que estipulaba la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa del 5 de noviembre de 2008 –y órdenes sucesivas-, en la que "se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía para los años 2008 y 2009".

También se investiga "la irregular concurrencia de aquellas ayudas con otras sociolaborales o ayudas a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por la propia Agencia Idea". El juez destaca que se han identificado "hasta 19 empresas, además del Grupo TPM, en que concurriría dicha circunstancia”.

"Injustificada y arbitraria"

Al hilo de ello, el juez añade que la investigación permite deducir que "por parte de los responsables y personas vinculadas a la Agencia Idea –o a la correspondiente Consejería de Adscripción- se habría utilizado de manera ilícita la figura de los avales (su concesión y ejecución), tanto de los denominados propios o excepcionales, no amparados en la Orden de 5 de noviembre de 2008, como de los previstos y reglados como incentivos para empresas en crisis en la referida Orden –y sucesivas- como medio para hacer llegar fondos públicos a Grupo TPM de manera absolutamente injustificada y arbitraria”.

En el caso de TPM, el magistrado considera que “sería posible deducir que en la concesión de tales ayudas en forma de avales habrían mediado razones no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo", y que ese otorgamiento "carecería de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de estas ayudas, las cuales, en conjunción con el otorgamiento de otras –ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo por importe de 1.500.000 euros con cargo a la partida 31-L-, habría de responder y determinar una ilícita y progresiva inyección continuada de fondos públicos en favor de la mercantil Grupo TPM", lo que "conculcaria la legalidad vigente (...)”.

“Así, existirían indicios de la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación en relación a los hechos delictivos vinculados con la ilícita concesión de estas ayudas, en forma de avales, y de la irregular disposición de fondos públicos derivados de su ejecución en favor del Grupo TPM”, subraya el instructor, que seguidamente analiza el aval propio por importe de 1.190.000 euros concedido por Idea a la mercantil el 30 de septiembre de 2008, concedido “pese a que dicha empresa había sido previamente declarada en concurso voluntario de acreedores por medio de auto de 25 de enero de 2005”.