Un guardia civil de Sevilla será juzgado por aceptar sobornos de su excuñado: la Fiscalía le pide siete años de cárcel

Un jurado popular va a enjuiciar a finales de marzo a un guardia civil de Sevilla, en concreto del puesto de San Juan de Aznalfarche, que está acusado de corrupción y que se enfrenta a una petición de ni más ni menos que siete años de cárcel por parte de la Fiscalía. La historia es algo rocambolesca. El agente tenía un excuñado que colaboraba con una agencia de detectives y este segundo encausado presuntamente lo sobornó para que le facilitase "detalles de tráfico" de personas a las que él estaba investigando por cualquier motivo. El funcionario público, "siendo consciente de la ilegalidad de la conducta", se dejó comprar y entró en bases de datos reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a cambio de una remuneración económica".

El escrito de la Fiscalía relata que J.L.N., guardia civil en activo y componente del Equipo de Atestados del Destacamento de San Juan de Aznalfarache, tenía una "relación de amistad desde hace años" con el otro acusado, F.J.Ll. que persistió incluso cuando se divorció de su hermana en 2005. Por ese estrecho trato, el segundo procesado sabía que su excuñado, "por razón de su cargo de agente de la autoridad", tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico en las que los guardias civiles sólo pueden entrar "como fuentes de información protegidas y auditadas". Su uso, de hecho, "es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Los hechos ocurrieron en 2023. El cuñado no agente, que "realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación", estaba interesado en "conocer detalles de diferentes vehículos, como los titulares, la matriculación, la ITV...". Y en consecuencia, "sabiendo que J.L.N. podía acceder" a esa información, "le pidió dichos datos a cambio de una remuneración económica".

Lo suyo es que el guardia civil se hubiese negado, pero no. "Siendo consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello", defiende la Fiscalía. Es más, con el fin de "ocultarse", varias veces "acudió a otros compañeros" de su propio Equipo de Atestados para que le facilitaran la información. Estos otros agentes no están en la causa porque "desconocían el fin ilícito último de los datos que le daban" a su colega.

Entre el 27 de julio y el 25 de septiembre de 2023, el guardia civil proporcionó a su excuñado datos y matrículas de nueve personas o vehículos. Lo hizo siempre a través de Whatsapp, pero "no consta cuánto dinero recibía por cada información que daba".

El Ministerio Público atribuye dos delitos al acusado principal: uno de cohecho pasivo (por dejarse sobornar) y otro de descubrimiento y revelación de secretos. Por el primero reclama cuatro años de cárcel más una multa de 3.600 euros y por el segundo, otros tres años de prisión. A esa doble pena, lógicamente, habría que sumarle la inhabilitación especial para seguir siendo funcionario público. En cuanto al excuñado detective, la petición de la Fiscalía es de cuatro años entre rejas por un delito de cohecho activo (por sobornar al otro procesado).