Después de cuatro días de jucio para determinar la culpabilidad de Jorge A. en la muerte de una mujer en la zona de la Cruz Roja en julio de 2020, es la hora del jurado. El próximo lunes, con la entrega del objeto del veredicto tendrán que empezar a reflexionar sobre todas las pruebas a las que tienen acceso y las declaraciones de testigos, peritos y el propio acusado ante el tribunal durante la vista oral. En la última sesión, las acusaciones han mantenido la convicción de que Jorge A. G. mató a Rosalía G. la tarde el 20 de julio de 2020 y posteriormente quemó el colchón donde yacía el cadáver para "borrar todas las posibles huellas y restos de ADN".

Como el fiscal ha recalcado en su informe, el acusado no ha negado que estuvo en la casa de la fallecida, con quien había concertado una cita a través de una página de contactos de internet, ni tampoco que robara  la cartera, los móviles y un ordenador de la víctima y usara las tarjetas bancarias de la mujer, pero "ha hecho uso sobradamente de su derecho a no contar nada que le pueda perjudicar; en resumen, a mentir". A pesar de no exisitir prueba directa, el fiscal señala que existen una gran "pluralidad de indicios acreditados por pruebas" que llevan a considerar que el acusado asfixió a la mujer con una toalla mientras ella estaba echada en la cama, "actuando de forma sorpresiva e impidiendo toda capacidad de defensa, como demuestra el hecho de que el cadáver tenía dos costillas rotas, probablemente por haber estado el hombre subido en ella de rodillas".

De este modo, la acusación particular, ejercida por Alejandro Gómez Luna recordó que Jorge A. ya había sido condenado por hechos similares en 2011. En esa ocasión la anciana a la que engañó haciéndpse pasar por fontanero se desmayó y él huyó de la casa, y esta vez "se aseguró que no quedara ningún rastro".

La Fiscalía afirma en su informe final que el acusado no tenía dinero y, además debía devolver un préstamo de 120 euros a una tercera persona, por lo que "su propósito inicial era robar y si tenía que matar para conseguirlo, lo haría". Para ello se basa en que desde mediodía, mucho antes de que su "colegulla", como declaró ante el tribunal, le dejara los 50 euros con los que pagó presuntamente el servicio sexual de la víctima, estaba intentando contactar con mujeres de la página de citas Pasion. com.

Según el ministerio público, que solicita una pena total de 30 años por los delitos de asesinato, robo con violencia,estafa y daños, Jorge A. tiene "una peligrosidad para la sociedad que exige apartarlo de ella un buen número de años para evitar que vuelva a cometer hechos similares".

Por otro lado, la defensa del acusado, ejercida a través del turno de oficio por Antonio Ruiz, insistió en que todo se basa en "indicios y conjeturas sin prueba de cargo" y pidió al jurado que tuviera en cuenta la posibilidad de la existencia de terceras personas en el asesinato de Rosalía.

El acusado, que hizo uso del derecho a la última palabra, reiteró que era culpable del robo de los teléfonos y de la tarjeta de crédito "preo no del asesinato ni del incendio".