Tras más seis años de investigación, seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena tendrán que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados para responder del presunto robo de 17.350 euros en una tienda de la Ronda de Pío XII en la que entraron para hacer una inspección contra el contrabando de tabaco. De nada ha servido el vuelco a la investigación que se produjo después de que la Policía Científica descubriera nuevas imágenes en las que se ve a una joven manipulando fajos de billetes y guardándoselos bajo su camiseta. Aunque la Fiscalía reclama la absolución de los seis agentes -a lo largo de la instrucción ya solicitó el archivo de la causa-, la dueña del negocio, de nacionalidad rumana, ha solicitado una condena de cuatro años y medio de prisión y multa de 1.080 euros para los agentes, a los que atribuye un delito de hurto y otro de falsedad en documento público.

Después de que la Audiencia de Sevilla ordenara reabrir la investigación contra los seis agentes, el juzgado  de Instrucción número 1 ha abierto juicio oral contra los funcionarios, a los que ha reclamado una fianza de 17.350 euros. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la instructora atribuye a los agentes investigados delitos de hurto y falsedad en documento público, pero no el delito de cohecho que también les atribuía la denunciante, dado que este delito no se incluyó en el auto de incoación del procedimiento abreviado que, además, no fue recurrido por la acusación.

El juicio, cuya fecha de celebración aún no se ha fijado, tendrá lugar en la Audiencia de Sevilla, y en el mismo la Fiscalía solicitará la absolución de los agentes, que formaban parte del Grupo 3º Operativo de Respuesta del distrito Macarena. La postura del Ministerio Público es congruente con el planteamiento que realizó durante la fase de instrucción, donde la Fiscalía expuso que el agente que se guardó el dinero en el bolsillo explicó "suficientemente" en su declaración judicial que se lo devolvió al marido de la denunciante, extremo que fue corroborado por el resto de policías. Para la Fiscalía, "no existe ninguna prueba objetiva que corrobore el testimonio de la denunciante", en el que sí aprecia "lagunas y contradicciones" con los de otros testigos.

La intervención policial se produjo la noche del 19 de mayo de 2015, y tras la misma, la dueña del negocio denunció que los agentes le habían sustraído 17.000 euros y exigido otros 5.000 para no volver a molestarles. 

Secuencia de imágenes en la que una mujer se guarda fajos de billetes en el negocio tras la marcha de los agentes.

La acusación particular que ejerce la denunciante relata en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados participaron en una intervención "a la que intentaron dar una apariencia legal en su objetivo de la persecución de la compraventa ilegal de tabaco", donde se incautaron de 156 cajetillas de tabaco de distintas marcas.

Sin embargo, prosigue, "es evidente también y se desprende de las grabaciones de vídeo obrantes en autos del interior del establecimiento que los mismos funcionarios realizan diversas extracciones de dinero de diversas ubicaciones del interior del establecimiento, dinero que colocan en el mostrador y otros lugares, llevando a cabo los acusados el recuento e incluso a organizarlo en distintos paquetes".

Para la acusación particular, alguno de los acusados tuvo que "conminar a apagar las cámaras" y actuaron en la "creencia de no estar siendo grabados y de ahí que en las imágenes se cae cómo miran de vez en cuando las cámaras para corroborar dicha circunstancia". Añade que del visionado de las imágenes se observa asimismo cómo el dinero depositado inicialmente en el mostrador del establecimiento es cambiado de lugar por los acusados, llegando a introducir el mismo en bolsas e incluso en una caja que también contenía tabaco", que también considera relevante que durante el trasiego de dinero "se hacen permanentemente señas" entre sí los agentes.

Concluye además que en ningún momento se observa que los agentes entregaran el dinero la dueña ni a su marido una vez acabada la intervención policial, ni tampoco ningún acta de incautación de tabaco "a pesar de que los acusados coincidieron el origen ilícito del mismo, dinero apropiado que asciende a la cantidad de 17.350 euros".

La acusación particular reclamó además para los agentes otra pena de tres años de cárcel por un delito de cohecho, por haberle pedido supuestamente dinero para no proceder a la incautación del tabaco, pero la juez excluyó este delito en el auto de procedimiento abreviado y no se ha abierto juicio oral por el mismo.