El presunto asesino machista de Sevilla Este irá directo a la cárcel cuando salga del hospital

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla, en funciones de guardia, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven detenido como presunto autor de la muerte de su ex pareja sentimental el pasado fin de semana en Sevilla Este. Julián David G.V., un ciudadano colombiano de 21 años, permanece en el hospital Virgen Macarena, ya que se autolesionó después de supuestamente acabar con la vida de Yaqueline, y acabará entre rejas cuando reciba el alta médica.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una comisión judicial se trasladó en la tarde de este martes al centro hospitalario, donde sigue ingresado el detenido. Y allí mismo ha acordado el magistrado la medida de prisión preventiva por los presuntos delitos de asesinato, lesiones y contra la intimidad.

Durante su comparecencia ante el juez, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. El arrestado permanecerá ingresado bajo custodia policial hasta que reciba el alta médica, momento en el que será trasladado a prisión.

El presunto autor del crimen machista ya había intentado matar antes a su pareja, Yaqueline S., que tenía 28. Las Fuerzas de Seguridad lo habían detenido por tratar de ahogarla en una playa de Cádiz. Aquel arresto se produjo por la llamada de terceras personas, pero la víctima no presentó denuncia contra el presunto agresor, que quedó en libertad provisional. Por este motivo figuraba ella en el registro del sistema de protección de las víctimas de la violencia machista, Viogén, aunque no había ninguna medida cautelar en vigor contra él ni para proteger a la joven.

Lo que sí tiene abierto el presunto autor del crimen es un procedimiento de expulsión de España. Como es habitual cuando se detiene a alguna persona en situación irregular en España o se detecta alguna infracción a la ley de Extranjería, a la persona en cuestión se le abre un procedimiento para expulsarle del país. El extranjero dispone de de un plazo (de 48 horas si es un procedimiento preferente o de 15 días si es ordinario) para presentar alegaciones y pruebas en contra. La administración, tras valorar el expediente y las alegaciones, emite una resolución, y el afectado puede recurrirla. La expulsión implica la salida forzosa y puede incluir una prohibición de retorno de hasta cinco años al territorio español y al espacio Schengen. Este asunto no estaba aún resuelto.