Los promotores musicales llevarán su denuncia sobre Icónica a los juzgados tras el archivo de la Fiscalía

Los promotores musicales que denunciaron a la Fiscalía las presuntas irregularidades en la concesión a Icónica de la Plaza de España para la organización del festival han anunciado este viernes su decisión de presentar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente como "paso final y necesario en la defensa de la legalidad, la igualdad de oportunidades y el interés público" en relación con el uso de este Bien de Interés Cultural (BIC), uno de los espacios patrimoniales y culturales más emblemáticos de nuestro país.

Esta decisión se adopta tras el archivo de las diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía de Sevilla, un archivo que los promotores respetan pero no comparten al considerar que el análisis realizado durante escasos dos meses ha dejado "muchas dudas por resolver y se ha centrado especialmente en la apariencia formal de legalidad de actuaciones aisladas sin entrar a examinar la realidad material, continuada y acumulativa de los hechos producidos durante los más de diez años pactados".

Los promotores recuerdan que desde 2021 y con proyección hasta 2031, el Ayuntamiento de Sevilla ha permitido y va a permitir que un único operador privado la mercantil Green Cow Music S.L. organizadora del Icónica Santalucía Sevilla Fest explote de forma “materialmente exclusiva” la Plaza de España para la celebración de grandes eventos musicales sin que se haya articulado ningún procedimiento público de concurrencia, licitación o comparación de proyectos alternativos a pesar de que otros promotores musicales culturales han presentado solicitudes para desarrollar proyectos alternativos en la Plaza de España, sin obtener respuesta efectiva o sin posibilidad real de competir.

Afirman los promotores culturales que “aunque formalmente no exista una declaración expresa de exclusividad no debemos olvidar que la exclusividad no requiere reconocimiento jurídico explícito cuando los hechos demuestran que ningún otro operador ha podido acceder hasta ahora al espacio en condiciones reales de igualdad”.

“Profundizando en este argumento -continúan los promotores- es demostrable si analizamos el conjunto de hechos en el tiempo, que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se da a una misma empresa una ocupación sistemática de los únicos periodos de explotación cultural y económico que se autoriza a utilizar la plaza de España, que la planificación plurianual es pactada y que la reiteración de autorizaciones a la carta generan en la práctica un monopolio cultural y económico sobre un bien de dominio público protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y esto no lo permite el derecho administrativo en ningún caso”.

Los promotores explican que la vía judicial que se va a iniciar próximamente y que "recomienda la propia Fiscalía en su resolución", se plantea no como una confrontación política sino como un ejercicio legítimo de tutela judicial efectiva para que un órgano judicial independiente pueda analizar el conjunto del sistema, no sólo actos aislados y determinar si ha existido una exclusividad material incompatible con los principios constitucionales, si se ha producido una utilización arbitraria del dominio público y si la reiteración de decisiones políticas municipales ha podido vulnerar la igualdad, la objetividad y la libre competencia.

Los promotores advierten de que este caso no afecta solamente a Sevilla, sino al modelo de gestión de los espacios públicos en toda España. “Si permitir que una empresa explote durante más de 10 años un bien público singular, sin concurso ni concurrencia con un negocio reconocido de 150 millones de euros no merece un examen judicial profundo estaremos ante un antes y un después en la exigencia de la legalidad y en la forma de organizar los eventos culturales en nuestro país de todas las administraciones”, añaden.