Rubén Sánchez presenta una quinta demanda contra el youtuber 'Un murciano encabronao'

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha informado este sábado de que acaba de interponer una quinta demanda por difamación contra el youtuber de ultraderecha Raúl Alfonso Paredes, alias Un murciano encabronao. El periodista ha recordado que Raúl Alfonso Paredes fue condenado en julio de 2024 a indemnizarle con 30.000 euros más las costas del procedimiento judicial por afirmar o sugerir en hasta 35 ocasiones que era cocainómano y que utiliza dinero de las subvenciones que recibe FACUA para comprar la droga.

El viernes 12 de septiembre le ha llegado la notificación de firmeza de la sentencia, que recurrió sin éxito ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Nada más conocer su condena, el ultra puso en marcha una campaña de difamación contra la juez, a la que acusó de haber cometido delito prevaricación inventando que el secretario de Facua y la magistrada eran amigos y acusándola de dictar la sentencia "a las órdenes de un ministro a petición suya".

La Fiscalía lo denunció por estas graves afirmaciones y ahora está también procesado por delitos de injurias y calumnias contra la magistrada. Le piden por ello 18 meses de prisión. "Pero ni la condena ni la petición de cárcel por parte de la Fiscalía han provocado que Rául Alfonso Paredes cese en sus insultos y mentiras sobre mí. Más bien al contrario. Desde que fue condenado, me ha dedicado una enorme lista de insultos, ha inventado nuevas difamaciones e incluso me ha acusado de distintos delitos en más de 50 publicaciones", ha explicado en un vídeo Rubén Sánchez.

El secretario de Facua ha señalado que esos "obsesivos ataques" contra su persona le han obligado a interponerle una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta demanda por intromisión ilegítima en mi derecho al honor. Además de reclamarle nuevamente la eliminación de sus publicaciones difamatorias y la publicación de los fallos judiciales, en estas nuevas demandas Sánchez solicita indemnizaciones que suman 165.000 euros más las costas de los procedimientos judiciales.

"Desconozco si le dan igual las consecuencias judiciales de esa enfermiza campaña de odio contra mí. De momento y dado que no ha acatado la primera sentencia, voy a interponer una demanda de ejecución para solicitar que le impongan una multa de 2.000 euros por cada nuevo mes que transcurra sin que lo haga. En esa demanda, obviamente, voy a solicitar también el embargo de sus cuentas bancarias y de sus bienes inmuebles", ha concluido.