La singularidades de los contratos de la Faffe: un licenciado en historia del arte impartió cursos de Aeronáutica

El último atestado de la Guardia Civil que ha confirmado las presuntas irregularidades en 85 contrataciones de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), adelantado por este periódico en su edición de ayer, pone de manifiesto alguna de las singulares que ha llamado la atención a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO). Así, los agentes muestran su sorpresa ante el caso de un licenciado en historia del arte que fue contratado para impartir un curso de Aeronáutica y soldadura.

Es el caso de E. C. R., un licenciado en historia del Arte por la Universidad de Sevilla que se integró en la Faffe en julio de 2009, tras la formalización de un "único contrato" hasta el año 2011, cuando se produjo la extinción de la Faffe y el trabajador fue contratado entonces por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como ocurrió con otros tantos trabajadores de esta fundación.

En su declaración ante los agentes, el joven explicó que tuvo conocimiento de la oferta de empleo en la Faffe porque tenía relación laboral "con las administraciones públicas, en varios ayuntamiento" y estando en desempleo se inscribió en el portal de internet de la Fundación. A raíz de su inscripción, según su relato, recibió varias llamadas para cubrir un puesto de "personal de apoyo, gestión y formación en diversos cursos de aeronáutica y soldadura".

Sobre el proceso de selección, indicó que fue convocado a una entrevista junto a otras personas, y varios días después fue objeto de una segunda entrevista, donde se terminó de "decidir el puesto más adecuado que ocuparía dentro de la Faffe", comenzando a partir de ese momento su actividad laboral sin haber realizado ninguna otra prueba oral o escrita, dice el atestado de la UCO. Le hicieron entonces un contrato de obra y servicios para un periodo corto de tiempo, de entre tres y seis meses, ya que estaba acogido a un programa de subvención de la Unión Europea. A la finalización de ese programa, debía acabar su trabajo, pero, sin embargo, se mantuvo el contrato de obra y servicio "durante toda su vinculación a la Faffe".

Este trabajador reconoció igualmente a los agentes que desde el inicio fue contratado como personal de apoyo a la gestión técnica para los "cursos de formación aeronáutica" y la funciones de dicho puesto consistían sobre todo en el "apoyo a los técnicos, gestión e incluso impartía las distintas formaciones a los alumnos", de tal forma que si algún formador se encontraba ausente, por ejemplo, por una baja laboral, él tomaba "parte activa en las distintas formaciones".

El atestado de la UCO destaca que la formación reglada que poseía E. C. R. es la de una licenciatura en Historia del Arte, por lo que, según la Guardia Civil, "no es entendible que, en un centro donde se imparten cursos de formación aeronáutica y que se denomina 'Centro de Formación Aeronáutica de La Rinconada', alguien que no posee la titulación académica para impartir formación en este tipo de especialidades, sea capaz de sustituir al personal docente del mismo para desarrollar, en su caso, las distintas materias".

El atestado del Instituto Armado concluye que en el caso de este trabajador, aún habiéndose convocado un proceso de selección, se ha podido determinar la "existencia de numerosas irregularidades que pondrían de manifiesto cómo la contratación del investigado en la Faffe se habría podido llevar a cabo de manera arbitraria, vulnerándose así los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Este caso es uno de los 85 contratos analizados por la Guardia Civil en el exhaustivo atestado presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El atestado analiza cada una de las 85 contrataciones de la Faffe, de acuerdo con el listado que parte de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y en el que aparecen los nombres y el supuesto "criterio de contratación" que no sería otro que las relaciones familiares con miembros del PSOE, de sindicalistas, organizaciones empresariales o ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Se incluyen así contratos a socialistas como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres, que fue condenado recientemente a dos años y tres meses de cárcel por ser contratado de manera "ilegal y absolutamente irregular", o a la esposa y el cuñado del que fuera director de la Faffe Fernando Villén, quien acumula ya dos condenas por los contratos de la fundación y por el gasto de 32.000 euros en burdeles con las tarjetas de crédito. También aparecen familiares de varios consejeros socialistas de la Junta, de parlamentarios autonómicos del PSOE y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, entre muchos otros.

En el informe policial se analiza asimismo el caso Carmen Ibanco García, mujer de Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado y ex secretario general de los socialistas andaluces, quien según la UCO promocionó "de manera arbitraria" en la Faffe.