El abogado del PP será investigado por la filtración del vídeo del director de la Faffe

La Agencia de Protección de Datos investigará al abogado del PP en las macrocausas por haber filtrado el vídeo con la declaración en el juzgado del ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén por el uso de las tarjetas en cinco burdeles, según una providencia dictada por la juez María Núñez Bolaños a la que ha tenido acceso este periódico.

En esa providencia, la instructora señala expresamente que "existiendo indicios para considerar que el contenido de esta causa ha sido filtrado a Prensa desde un despacho profesional de abogados, póngase en conocimiento, con copia del testimonio recibido, de la Agencia de Protección de Datos, y del Colegio de Abogados de Sevilla, a los efectos legales oportunos".

En noviembre del año pasado, la juez Bolaños ordenó que se investigara la difusión el 23 de octubre de 2018 por el diario Abc del vídeo en el que se recogía parte de la declaración que tan sólo unos días antes, el 11 de octubre, había prestado en calidad de investigado el ex director de la Faffe Fernando Villén, quien admitió en esa comparecencia la realización de esos cargos por importe de más de 31.000 euros en clubes de alterne, aunque aseguró que en algunos casos se trató de una "confusión" a la hora de usar la tarjeta de representación.

La investigación de la filtración recayó entonces en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, cuyo magistrado, Álvaro Martín Gómez encargó la averiguación de los hechos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, que a su vez requirió información a la dirección general de Infraestructuras y Sistemas del Servicio de Informática Judicial. Un informe de esta dirección recoge que para la descarga del vídeo de la Faffe existían "74 autorizaciones sobre todos los vídeos del procedimiento judicial" entre las fechas del 11 y el 23 de octubre de 2018 a representantes legales personados (abogados y procuradores).

Sin embargo de todas estas autorización y tras el "análisis exhaustivo de los sistemas" y de los accesos y descargas del vídeo, sólo hubo dos personas que accedieron al mismo: la letrada de la Administración de Justicia -antigua secretaria- del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, un "acceso imprescindible para la necesaria firma digital del mismo y dentro de la normal operación de los sistemas", y el abogado que representa la acusación del PP en las macrocausas.

Según este informe, este letrado procedió a la descarga del vídeo el día 20 de octubre, contando con "8 accesos al portal de descargas entre las 12:23 y las 17:59 horas".

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, en un auto dictado el 19 de marzo pasado, acordó el sobreseimiento de esta investigación al considerar que los hechos investigados constituyen una conducta "atípica" del delito de revelación de secretos, puesto que el delito del artículo 466 del Código Penal prevé como delito contra la Administración de Justicia la "revelación de actuaciones procesales declaradas secretas". El magistrado Álvaro Martín entiende que la conducta es atípica porque el secreto de sumario de esta causa de la Faffe se había levantado con anterioridad.

El juez planteó una "responsabilidad disciplinaria" del abogado

A pesar del archivo, el juez consideró que en este caso cabe plantear la "posible existencia de responsabilidad disciplinaria, conforme al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y devolvió las actuaciones a la juez María Núñez Bolaños para que tomara una decisión sobre esa sanción, que suele acabar en la imposición de una multa.

Sin embargo, Bolaños en lugar de imponer una multa al letrado ha dado traslado de las actuaciones al Colegio de Abogados de Sevilla y a la Agencia de Protección de Datos, para que investigue la revelación del vídeo con la declaración del ex director de la Faffe Fernando Villén.

De otro lado, la juez Bolaños también solicitó que se investigase la publicación por el diario El Confidencial, el 8 de noviembre de 2018, de un atestado elaborado por la Udef que concluía que el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda recibió 3,6 millones de euros en ayudas públicas para la realización de cursos de formación. La publicación de este atestado se produjo antes de que se notificara a la Fiscalía o al resto de las partes procesadas, puesta que estaba recién presentado y ni siquiera había sido escaneado.