Acabamos de cumplir las dos primeras semanas de confinamiento tras la promulgación del decreto del estado de alarma por la crisis del coronavirus. En este tiempo de obligado encierro, hemos descubierto cómo nuestra vida, tal y como la conocíamos a principios de marzo, se puede ir al garete en cuestión de sólo unos días.

Además de lo principal, que es la salud de las personas, el Covid-19 está golpeando con una extremada dureza a la economía y al empleo, y aunque el Gobierno ha acordado medidas para paliar la situación, son ya más de 240.000 los ERTE que se han presentado en España, que afectan a más de un millón de trabajadores. Todo apunta a que cuando se ponga fin al confinamiento, algo que por ahora no se ve nada claro, y las empresas vuelvan a funcionar con normalidad, la sombra de los despidos –que el Gobierno ha prohibido ahora mientras se prolongue el estado de alarma– será mucho más alargada si cabe.

La Justicia no escapa a los efectos de su entorno y mucho menos a los de la crisis del Covid-19, que ya está teniendo y tendrá en los próximos meses una gran incidencia en los órganos judiciales donde, por orden de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todas las actuaciones judiciales han quedado limitadas a los "servicios esenciales", como los juzgados de guardia, pero se han suspendido juicios y el "registro y reparto" de asuntos, con excepción de las actuaciones urgentes e inaplazables previstas en los acuerdos del CGPJ de los últimos días.

La crisis del Covid-19 tendrá en los próximos meses una gran incidencia en la Justicia

Salvo los juzgados de guardia y los asuntos urgentes, todo está paralizado en la Justicia, hasta las comparecencias apud acta acordadas en los procedimientos penales mientras dura el estado de alarma. Se ha suspendido incluso la entrada de los nuevos juzgados previstos para el 31 de marzo.

Y cuando la lenta y anticuada maquinaria judicial comience de nuevo a rodar, en principio, no antes de las 00:00 horas del 12 de abril –ya veremos si no hay más prórrogas–, vendrá una frenética e inusitada actividad por parte de los abogados que llevan todo este tiempo encerrados y teletrabajando, y que a la vuelta del parón, saturarán aún más los registros de los juzgados. La situación afectará, sin duda, a todas las jurisdicciones, aunque a algunas más que a otras.

Para empezar, los jueces tendrán que revisar sus calendarios de señalamiento de juicios e ir intercalando o volviendo a retrasar las vistas que se hayan suspendido durante la inactividad del estado de alarma, lo que provocará nuevos retrasos en la Justicia. Y no debe olvidarse que en los juzgados de lo Social, por ejemplo, hay actuaciones que ya se señalan para dentro de dos años vista antes del coronavirus.

La jurisdicción Social puede ser, de nuevo, una de las más perjudicadas por el parón de la actividad, puesto que además del retraso ya acumulado, puede verse afectada por una avalancha de demandas laborales, en caso de que no se acuerden por el Gobierno nuevas medidas para evitar la posible destrucción de empleos.

Los abogados expertos en reclamaciones sanitarias también vaticinan que habrá un aluvión de demandas como consecuencia de los fallecimientos por coronavirus (175 personas han muerto sólo en Andalucía, según los últimos datos conocidos al cierre de esta edición). Estas demandas se basarían, según ha explicado a este periódico el abogado Pedro Arnáiz, en el mes que tardó el Gobierno en reaccionar para comprar mascarillas o respiradores y por no haber prohibido manifestaciones como las del Día de la Mujer el 8 de marzo. El letrado recordó que aunque la ley excluye de responsabilidad los casos "imprevisibles e inevitables" como el virus, no era inevitable "el contagio por falta de mascarillas y la falta de atención por no haberse proveído de respiradores a tiempo".

La jurisdicción Social, que sufre un relevante retraso, puede ser de las más perjudicadas

Los juzgados de lo Mercantil, que tramitan los concursos de acreedores y que actualmente ya están saturados, también pueden experimentar un importante incremento de asuntos ante la recesión económica que puede producirse, lo que puede llevar a muchas empresas a la quiebra y a tener que acudir a la presentación de un concurso.

Y si la economía no va bien, aunque sea durante los meses siguientes al estado de alarma, también pueden subir los impagos y con ellos las demandas por las reclamaciones de deudas en los juzgados.

El parón del Covid-19 afectará igualmente a las macrocausas, como la de los ERE. Es lo que ya ha ocurrido, por ejemplo, con los recursos contra la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos. Las defensas estaban preparando los recursos de casación cuando estalló la crisis, pero al haberse suspendido todos los plazos procesales y administrativos, el Tribunal Supremo ha confirmado que ni siquiera permitiría la presentación de los recursos mientras se prolonga el estado de alarma. Esto acarreará un nuevo retraso en el dictado de la sentencia por parte del Alto Tribunal.

De momento, ya sabemos lo que habrá seguro cuando, dentro de un mes o más, el Gobierno levante el estado de alarma y se vuelva a la normalidad: Más colapso judicial.