La Audiencia Provincial de Huesca ha absuelto a un sacerdote acusado de abusar sexualmente a un menor de 16 años porque no se ha logrado demostrar la certeza de la acusación y por existir dudas razonables sobre su participación en los hechos denunciados. A la luz de la declaración del menor y de los testimonios de distintos testigos, los magistrados consideran que no existe en el relato una coherencia, con la fuerza suficiente, para que la declaración del menor sea prueba de cargo contra el sacerdote acusado de un delito continuado de agresión sexual.

En su sentencia los magistrados entienden que “no ha quedado debidamente acreditada la intervención y participación del sacerdote en los hechos narrados y denunciados por los padres del menor”. No dudan de “que el menor ha sufrido algún acontecimiento o suceso que le ha generado todo los efectos y perjuicios apreciados por los profesionales que le han ido atendiendo a lo largo de estos años”, sin embargo afirman “no nos queda acreditado que los hechos sucedieran tal cual los denunció y narró en el acto de la vista, fundamentalmente al ponerlos en relación con las declaraciones de los testigos (la catequista y la encargada del Hogar Madre Rafols) que negaron categóricamente que pudieran haber sucedido en esas circunstancias de tiempo y de lugar”.

Abundan en esta cuestión añadiendo que la declaración del menor puede ser creíble pero no supera los estándares de fiabilidad al no ser compatible con el resultado del resto de la totalidad de las pruebas presentadas en el juicio (FJ 3º, pag. 10).

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, apoyan su decisión –tal y como expresa el Tribunal Supremo- en que “el riesgo se hace mayor si la víctima es precisamente quien inició el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose aún más acentuado si ejerce la acusación, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación al propio acusador. Basta con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia, frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien le acusa” (ST 172/2022, de 24 de febrero de 2022)

Los padres del menor interpusieron una querella en 2019, cuando el perjudicado aún era menor de edad, por actos atentatorios contra su indemnidad sexual, calificados inicialmente como posible delito de agresión sexual a menor de 13 años. Según los denunciantes, los hechos habrían ocurrido durante los años 2010 y 2012 cuando el menor (nacido el 13 de octubre de 2002) acudía a los cursos preparatorios para la primera comunión en el Hogar Madre Rafols, situado en los bajos de la Iglesia de San José de la localidad de Monzón, años en los que el sacerdote denunciado intervenía y participaba en la preparación de la catequesis de la primera comunión.

Contra esta sentencia cabe presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en los 10 días siguientes a su notificación.