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Análisis

Joaquín Aurioles

Agravio financiero a Andalucía

El editorial de este periódico del pasado día 6, Una reunión pertinente y necesaria, lo dejaba bien claro. La presión ha subido unos cuantos hectopascales políticos (unidad de presión en la atmósfera política) tras la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2019 y la anunciada reunión de Puig y Moreno es cada vez más urgente. Valencia y Andalucía son, junto a Murcia y Castila La Mancha, las comunidades que menos fondos públicos reciben por habitante y las que más esfuerzo han de hacer para proveer de servicios públicos a sus ciudadanos.

La cuestión es que si el PIB per cápita de los andaluces viene siendo un 25% inferior a la media de los españoles desde hace décadas, no tiene ni pies ni cabeza que la financiación recibida por habitante también sea inferior y lo mismo cabe decir de valencianos, murcianos y castellano manchegos. Algunas de las más pobres (Extremadura y Canarias) están entre las mejor financiadas, pero es chocante que Cantabria y La Rioja, dos de las comunidades más ricas, sean las que más fondos reciben, y que Madrid, Cataluña y Baleares, el resto de las ricas (País Vasco y Navarra no participan), también estén ligeramente mejor que la media del país.

El sistema vigente fue creado por Zapatero en 2009, sobrevivió a los gobiernos de Rajoy y continúa erosionando los pilares del maltrecho estado de las autonomías con Sánchez, y no solo se olvidó de garantizar la solidaridad interregional, sino que terminó por convertirse en un eficaz agente al servicio de la desigualdad en uno de los países más desiguales de Europa. La resistencia a renovar tan injusto y obsoleto sistema podría interpretarse como una nueva fisura en la autoproclamada vocación progresista del gobierno, puesto que en la práctica supone que avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa no figura entre sus prioridades.

El gran fallo del sistema creado por el Gobierno de Zapatero fue pensar que la financiación autonómica no era una cuestión técnica, sino política, y que los problemas siempre se pueden resolver mediante negociación. Buscó contentar a todos y el resultado fue tres fondos, de los que uno se subdivide en dos, que generan asignaciones contradictorias, incomprensibles y opacas incluso hasta para las propias comunidades, incapaces de conseguir una explicación clara sobre el funcionamiento de algunos procedimientos de reparto.

El nuevo sistema tendrá que ser más sencillo, transparente y automático. Ayudaría reducir el número de fondos a un máximo de dos (uno de suficiencia y otro de compensaciones) y sustituir algunas variables de reparto complejas, como la población ajustada por estructura de edades, dispersión, etc., por la de derecho a secas. También convendría eliminar atavismos, como el denominado "statu quo" que garantiza que el nuevo sistema proporcionará a cada comunidad tantos recursos, al menos, como el anterior, pero que en la práctica sirve para blindar privilegios pasados. Quizá la novedad más importante sería limitar el margen de maniobra político y reforzar los mecanismos automáticos de reparto, aunque esto choca con la doctrina de la negociación, que de tan buena salud goza con este Gobierno.

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