Sobre Aznalcóllar, una vez más

Esta semana se ha ordenado la reapertura de la instrucción del caso Aznalcóllar, por segunda vez y contra, tengo entendido, el criterio de la Fiscalía. El concurso fue sido examinado por la autoridad en esta materia, la Intervención General de la Administración del Estado, que no aprecia deficiencias en el procedimiento que puedan poner en cuestión la actuación de los funcionarios y directivos que participaron en el examen de los proyectos concursantes y en la adjudicación que se realizó en 2015. Además, fueron examinados por la policía decenas de miles de correos electrónicos sin encontrar indicios de comportamiento deshonesto. Y se pone en cuestión la progresión profesional posterior de personas que estuvieron involucradas en todo el trámite, haciendo entrever que sus ascensos hubieran podido ser una recompensa por haber acatado supuestas órdenes superiores y no por su acreditada valía profesional.

No pretendo incomodar a nadie, pero creer que un conjunto de funcionarios públicos con empleo en propiedad, pudieran admitir orientaciones en un concurso de esta naturaleza al extremo de torcer su opinión, es tanto como poner en cuestión la esencia de la función pública. Es casi como considerar que los funcionarios pueden ser manejados como unos guiñapos siempre dispuestos a cuadrarse ante el directivo superior de turno. Mi experiencia personal y la de otros en quienes confío me dicen que esto no es así.

Vale que el querellante, el perdedor del concurso, haya querido hacerlo ver así. No tiene nada que perder y mientras la instrucción siga abierta, podrá seguir dando esperanzas a sus accionistas, mediante sus informes a la bolsa de Toronto, con los cuales quería hacer creer, al menos hasta hace un tiempo, que, tras un juicio siempre inminente, resultarían los adjudicatarios del concurso. Vale también que la querella y su admisión se hayan producido en un momento enrarecido, de sospecha generalizada sobre el proceder de la Junta en cualquiera de sus múltiples ámbitos de actuación y de judicialización de diversas decisiones adoptadas. Algunas de ellas impresentables, esto sin ninguna duda, pero ello, siendo muy grave, no justifica a ojos de este ciudadano ni la generalización de la sospecha ni a suponer que unas u otras relaciones personales, e incluso expresiones desafortunadas que han sido registradas, signifiquen la capacidad de torcer el criterio profesional de los funcionarios que valoraron los proyectos concursantes.

Pidiendo perdón por la autocita, hace años publiqué en esta sección varios artículos sobre este asunto y seguramente estarán accesibles en internet. Lo hice tras el estudio al alcance de mis medios y, sin ninguna duda, movido por mi propio interés: la defensa de excelentes funcionarios públicos y la defensa de la minería. Sobre las capacidades mineras y financieras de quienes propusieron el proyecto ganador, Grupo México y Magtel, ésta a través de Minorbis, y las del querellante sugiero al lector que se informe por sí mismo en internet. Aunque quizá encuentre dificultades en el caso de Emérita-Forbes & Manhattan, ya que esta boutique de inversión que habría de ser el respaldo no hace pública su información financiera, aunque sí podrá apreciar que su negocio es tomar participaciones, habitualmente temporales, en proyectos susceptibles de atraer el interés de los inversores bursátiles. Emérita titulaba en el momento del concurso unos cuantos permisos de investigación, de no demasiado interés ya que algunos de ellos tuvieron que ser borrados (write off) de los libros. Y punto, nada más.

Expuestos hace años los detalles, creo que puede ser útil detenerse en algunos aspectos generales. El resultado fue más allá de las expectativas que tenía la Junta de Andalucía cuando convocó un concurso internacional. No se esperaba, nadie lo esperaba, que el tercer mayor productor de cobre del mundo y el primero en volumen de reservas se interesase por un proyecto muy distante de los que suelen interesar a empresas mineras de sus dimensiones. Se comprometió formalmente a apoyar y desarrollar el proyecto de resultar adjudicatario el consorcio en el que participaba, y así lo hizo y sigue haciendo. Se dotó a la sociedad de propósito específico, Minera Los Frailes, de los recursos propios exigidos por la Junta, nada menos que un 25% de la inversión proyectada, lo que supuso el desembolso de algo más de 90 millones de euros, con los cuales se están financiado unas inversiones, gastos y costes que a final de este año estarán próximos a 37 millones de euros. Y ello sin saber cuándo estarán autorizados para empezar a invertir en la mina y en la planta, y con la natural incertidumbre sobre las decisiones que adopte la Justicia.

Un proyecto, además, lastrado por no pocos inconvenientes. El primero de ellos, el estigma del accidente de 1998, la rotura de la balsa de estériles, acaecido cuando Boliden era el operador del yacimiento. Ese accidente, que ha sido perfectamente remediado, ha pesado en el imaginario colectivo en contra de la minería, y ha sido agitado por quienes en acción se oponen a ella. Lo más notable es que ha habido que explicar muchas veces que no habrá balsa que se pueda romper en el nuevo proyecto de los Frailes, por la simple razón de que será una mina de interior, en cuyos huecos se almacenarán los estériles.

Otro inconveniente, y no es el menor, es que el adjudicatario había de hacerse cargo del mantenimiento ambiental pasivo, lo que venía siendo realizado por la Junta de Andalucía. Así lo ha hecho Minera Los Frailes desde el momento correspondiente, integrando incluso en su plantilla a personas que estaban empleadas en ello. Este mantenimiento significa la depuración de aguas de escorrentía y el control de los niveles del agua en las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes.

En la segunda de estas cortas, la operada por Boliden, el agua de lluvia que se ha ido almacenando ha alcanzado un volumen importante. Y es necesario vaciarla antes de construir la mina de interior –la contramina, en la Faja Pirítica– vertiéndola según se vaya depurando, bajo las condiciones y límites de vertido determinados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La primera de las cortas ha de ser manejada también, controlada en su nivel, pero no hay una solución fácil para resolver qué hacer con el agua ácida que contiene. Obviamente, estos problemas, que convierten a Los Frailes en una costosa remediación ambiental soportada por una operación minera, no son los que se encuentran en un yacimiento que se explota por primera vez, y tampoco es habitual que un nuevo operador de una mina que cesó su actividad haya de hacerse cargo de los daños ambientales acaecidos tras el abandono del anterior minero.

Ciertamente, hay mejores maneras de emplear más de 400 millones de euros en una mina, pero, además del interés intrínseco del proyecto, que no es tan elevado como pudiera parecer, el interés demuestra que hay factores muy atractivos en Andalucía. En primer lugar, una Administración minera recta, y así lo ha acreditado en no pocas ocasiones. Se le achaca a veces lentitud en los trámites, pero probablemente ello se debe a una dotación insuficiente de recursos humanos. No olvidemos que en la década pasada se daba por finiquitada la minería metálica, con la excepción de algunos proyectos que seguían tenazmente en el empeño, y que la minería andaluza no se limita a las operaciones más conocidas: las metálicas, y las del mármol y yeso en Almería. Por el contrario, hay más de 600 explotaciones en activo, de muy diversa naturaleza y entidad, bajo la responsabilidad del gestor del dominio minero, la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, la general ausencia de costes hundidos (salvo en Aznalcóllar, claro). Son éstos los costes que no están compensados por el precio del metal y se deben a la necesidad de construir infraestructuras de transporte o de suministro de energía, alojamiento para los trabajadores y sus familias, y atención hospitalaria. Esto está ya provisto en Andalucía, a diferencia de lo que sucede en no pocos proyectos actuales en el mundo. A ello se ha de añadir la presencia de proveedores locales o regionales, sobre todo de servicios, aunque también de algunos bienes y suministros, que facilitan la externalización de las actividades que no forman parte del núcleo del negocio y son mejor realizado por terceros.

En todo caso, hemos de esperar, sobre todo por el bien de la población de Aznalcóllar, pero también en honor a la razón y a la buena reputación de los funcionarios concernidos, que las dudas se resuelvan lo antes posible. Y que Grupo México siga manteniendo la paciencia que ha demostrado hasta ahora.