RafaelOjeda, presidente del Sindicato Medico Sevilla.

La pandemia del SARS-CoV-2 ha revelado las carencias de nuestra sanidad y nuestra democracia. Con respecto a la primera, conviene recordar que España es uno de los países desarrollados que menos fondos destinan a sanidad. Por su parte, Andalucía lleva años siendo la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante. Los andaluces tenemos uno de los sistemas sanitarios públicos peor financiados de Europa.

Los ajustes presupuestarios impuestos por la crisis financiera agravaron la infrafinanciación del sistema. Los profesionales fuimos las principales víctimas de los recortes, pero no las únicas. La población los ha sufrido en forma de falta de camas hospitalarias, instalaciones obsoletas, listas de espera en aumento y graves deficiencias en Atención Primaria. El sistema sufre una precariedad estructural.

La desprotección de los profesionales ante la pandemia ha representado una dramática manifestación de esta falta de recursos. Se diría que nuestros gestores consideraron un despilfarro comprar equipos de protección para hacer frente a la infección, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales y de los expertos. Después intentaron compensar la escasez de equipos adaptando los protocolos a los recursos disponibles. Ahora sabemos quiénes han sido las víctimas de su imprudencia. Después de días expuestos al contagio sin protección, presionados para restringir al máximo el escaso material disponible, los profesionales sanitarios representemos más del 22% de los positivos en Andalucía.

Las carencias de nuestra democracia, a las que aludía al principio, han sido tristemente reveladas por nuestras protestas y demandas. Aunque conocemos el número de trabajadores sanitarios que han dado positivo, desconocemos su empleo, su especialidad y el centro al que pertenecen. No conocemos el número de equipos de protección disponibles ni cuántos se han adquirido. No sabemos a qué servicios y centros se han destinado ni con qué criterios. Necesitamos test para los profesionales, especialmente antes de la reincorporación al trabajo tras caer enfermo. Pero cuando reclamamos esta información y medidas, la Administración responde con displicencia y opacidad.

El derecho a recibir información veraz es un elemento esencial del Estado social y democrático de derecho. Los profesionales necesitamos conocer la evolución de los contagios y los centros donde se producen, para incrementar las medidas de protección allí donde son más necesarias. Necesitamos saber si estamos contagiados para no convertirnos en transmisores de la enfermedad. El dramático recuento final que arrojará este terrible episodio hará recaer sobre nuestros políticos el peso de una responsabilidad cuya magnitud empezamos a vislumbrar. Ahora cabe exigirles que no agraven el daño infligido a nuestro colectivo con su menosprecio y su autoritarismo. Esperamos que respeten, al menos, los fundamentos de nuestra democracia.