Eutanasia, distanasia y cuidados paliativos

"Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo”

Esta frase literal extraída del juramento hipocrático es el documento que, de forma implícita, pero voluntaria, juramos los médicos cuando somos autorizados legalmente a ejercer la medicina. Es el mejor compendio que ha obligado y dirigido nuestro espíritu de actuación ante los pacientes.

Es tan cierto, como que algunas otras partes del juramento hipocrático, como las relativas al secreto profesional, que también literalmente constan:

“Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré como secreto inviolable”.

No solamente son escrupulosamente mantenidas y respetadas estas frases de nuestro juramento hipocrático, sino que incluso legalmente se han establecido las normas para evitar que estás dejen de cumplirse: secreto profesional, privacidad de datos y otras. Y se establecen sanciones muy importantes a través de leyes específicamente diseñadas para ello.

Ningún profesional de la medicina tiene bajo su responsabilidad la de diseñar promulgar o establecer leyes. Esto no evita que cualquier corporación pueda manifestar su opinión ante los hechos relevantes que afectan a toda la población general, siempre en forma didáctica y con motivos de orientación y enseñanza, pero nunca cómo indicativo de una conducta determinada, salvo aquellos colectivos a los que voluntariamente se atiende por conceptos morales o religiosos sea cual sea la moral determinada y la religión específica con respeto a todas y cada una de ellas.

Hacer que un colectivo participe de un proyecto sobre el que, a nivel individual se implican razones éticas y morales, es injusto habiendo soluciones alternativas.

Recientemente en una evolución vertiginosa estamos asistiendo a la promulgación de leyes que afectan a la vida en general en su forma organizativa y de relaciones sociales y, también, específicamente, a la vida directa de las personas. Hoy debemos valorar algunas repercusiones profesionales de la recientemente aprobada ley de eutanasia.

Ante estas leyes, cualquier colectivo profesional moral o intelectual tiene la obligación de respetarlas y cumplirlas, independientemente de su orientación personal.

La sociedad en su conjunto aplaudiría la transmisión didáctica y profesional de muchos conceptos que hoy día son manejados y a veces impartidos por profesionales del periodismo, que en función de sus, a veces limitados conocimientos y de su propia ideología, abundan más o menos a favor o en contra de una vertiente.

Sería excelente disponer de profesionales que especifiquen los detalles de una pandemia, de la forma de comportamiento de un virus y, muy específicamente en la situación actual, de las distintas formas de elaborar las vacunas y los pros y posibles contras que, estas, pudieran tener, ayudando así a evitar las reticencias con las que una mala información provoca. Esta información debería llevar a entes de divulgación públicos a profesionales de alta cualificación en programas profundos pero didácticos e inteligibles.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, tiene entre sus responsabilidades la de estudiar y valorar los hechos médicos que atañen a la población en su conjunto, en la medida en que dispone de profesionales expertos de todas las ramas de la medicina para manifestar esa orientación profesionalizada y no tendenciosa. Esta es la razón de este manifiesto.

En relación específica con la ley de eutanasia, es evidente que hay una parte de la sociedad que demanda este tipo de soluciones y qué es mayor o menor en función del grado de desesperación a la que muchos pacientes se ven abocados. Estas tendencias suelen aumentar, en un porcentaje no pequeño, como consecuencia de la falta de apoyo por parte de las estructuras sanitarias de las que un país dispone.

Tener que recurrir a la autolisis o a la lisis asistida supone un fracaso de la medicina, pero si la sociedad lo demanda como consecuencia de que la sanidad no tiene capacidad organizativa para ayudar a determinados enfermos, se convierte en un fracaso político.

Hace falta explicar lo que es la eutanasia, explicar nítidamente los que son los cuidados paliativos, explicar la capacidad de respuesta de la sanidad pública para atender a todos los pacientes en situaciones finales de su vida, para evitar que la capacidad económica suponga una agravante y discriminación para las clases más desfavorecidas. Pero hay que hablar también, sin duda, de la distanasia: “prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura”, que haga entender que el mantenimiento de la vida a costa del sufrimiento, no es una alternativa válida para mucha parte de nuestra sociedad, pero que el mantenimiento de la vida a costa de un sufrimiento del paciente, no tiene como única respuesta la eutanasia y sí el concepto bien extendido hoy día de los cuidados paliativos.

Cualquier médico está legal y moralmente autorizado a utilizar medicación analgésica o sedante para controlar un dolor o un sufrimiento muy importante, incluso a sobrepasar en la utilización de estos medicamentos, lo que conocemos como dosis letal mínima, que aun sabiendo que podría provocar la muerte, es utilizada exclusivamente para conseguir mitigar un dolor en un paciente irreversible.

Pero, ante una situación dolorosa o psicológicamente inaceptable, en pacientes irreversibles pero conscientes, la sociedad puede encontrar la respuesta de la eutanasia, y esta respuesta debe ser respetada, aunque pueda no ser compartida.

Es importante que esta normativa pueda y deba ser llevada a cabo por personas específicamente preparadas para ello, técnicas y psicológicamente preparadas para ello, para que incluso el tránsito a la muerte, sea digno y respetuoso con el propio paciente que voluntariamente ha decidido dar fin a sus días. Incluso podría desembocar en una especialidad dentro de la estructura sanitaria, que reforzaría el respeto al paciente, a médicos y enfermeros y permitiría ayudar a enfermos terminales, sin contravenir ni señalar a través de una lista de objeción de conciencia o de voluntariedad del trabajo a ningún colectivo.