El Frente Polisario y el acuerdo de pesca con Marruecos

El 14 de julio acaba el protocolo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, y las negociaciones finalizaron sin acuerdo el miércoles día 28, para zozobra de los pescadores y principalmente -en lo que toca a Andalucía- la flota de Barbate. Aunque se reanuden pronto en Rabat estos contactos, el acuerdo tendría que ser aprobado por el rey de Marruecos y el Parlamento Europeo, lo que llevaría algún tiempo.

Esta cuestión trasciende lo económico y toca el punto sensible de Marruecos sobre sus pretensiones en el Sahara Occidental. Ya este periódico se hizo eco en febrero de la decisión de la Corte de Justicia Europea de que el acuerdo de pesca con Marruecos era válido, pero no podía incluir las aguas del Sahara Occidental, pues: "eran contrarias a ciertas normas de la ley internacional, que son aplicables a las relaciones entre la UE y el reino de Marruecos, respecto al principio de autodeterminación (del Sahara Occidental)". El acuerdo era muy sustancial para Marruecos, ya que se pagaban 16 millones de euros anuales por el acceso a los recursos pesqueros, y 14 millones para apoyar la política sectorial marroquí de pesca y promover la sostenibilidad en sus aguas; además, se esperaba que la flota contribuyera con otros 10 millones de euros, para lo que había unas tarifas por capturas, tanto para el codiciado atún, como el resto de la pesca por encima de 800 metros.

A estos hechos hay que añadir otro que no ha tenido eco, pero que es importante. Se trata de la decisión de un tribunal de Sudáfrica de embargar y subastar un cargamento de fosfatos procedente del Sahara Occidental, y enviado por OCP, la compañía oficial de fosfatos de Marruecos, con destino final a Nueva Zelanda, ante la demanda de la República Democrática Árabe del Sahara (RDAS), que reclamaba la propiedad del mismo, basándose en el derecho anglosajón sobre recursos naturales.

Tres reflexiones surgen de estas cuestiones. La primera es que con las victorias legales el Frente Polisario gana batallas de reconocimiento internacional, pero que no aportan nada a su economía; la subasta del cargamento apenas dio para pagar los gastos del cargo y judiciales, y no tiene con quién suscribir un acuerdo de pesca en aguas que supuestamente pudieran corresponderles.

La segunda es que en el ámbito de las relaciones internacionales de la Unión Europea hay muchos temas que exigen una concentración de esfuerzos diplomáticos y de negociación -frente a la distracción que está suponiendo la salida de Reino Unido, los aspavientos de Italia, Hungría y Polonia, u otras menores como las de Cataluña-. Y tercero, que los tribunales y los jueces, en esto como en tantas cosas, parece que sólo vivan su propia realidad, independientemente de las económicas y sociales, pues la decisión de la Corte de Justicia Europea dificulta el acuerdo con Marruecos, pero no puede reconocer que las aguas sean propiedad de la RDAS -y enturbia también las negociaciones con la UE sobre migraciones-. En algún sitio leí alguna vez que el gran hombre de leyes Francesco Carnelutti ,decía que el jurista que sólo se fijara en el procedimiento era como un astrónomo que se enamorara del telescopio y olvidara las estrellas.