Cuando uno escucha a determinados políticos hablar de impuestos puede llegar a la conclusión de que éstos no existen (aunque recaudan), que adoptan formas extracorpóreas o incluso que se reencarnan en nuevas figuras tributarias o fenómenos económicos paranormales. Si estos episodios de impuestos convertidos en el gato de Schrödinger se mantienen en el tiempo, cabe la posibilidad de que alguno sea analizado en el Área 51. Con la ayuda de los ejemplos que siguen se comprenderá mi fascinación por el tema.

El primero viene a cuento de las declaraciones de responsables políticos de la Junta de Andalucía con la siguiente cantinela: “Por cada euro que hemos dejado de ingresar por donaciones y sucesiones, hemos recaudado cuatro por IRPF”. ¿Estamos en presencia de impuestos que fallecen, y nunca mejor dicho en el caso de Sucesiones, y se reencarnan en IRPF? Si no es así, cuesta trabajo entender esta argumentación.

Ambos impuestos forman parte del sistema de financiación autonómica pero discurren por cauces completamente distintos. El de sucesiones se encuentra cedido en su totalidad, tanto en su rendimiento como en su gestión tributaria. Así, cuando la Junta de Andalucía redujo la tributación de este impuesto, la recaudación cayó aproximadamente un 50%, notándose de manera inmediata su efecto en las arcas autonómicas. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con los incrementos de ingresos por IRPF por los que el gobierno autonómico se felicita.

Al contrario que con el impuesto de sucesiones, la gestión tributaria del IRPF se encuentra centralizada en la Agencia Tributaria estatal. Aunque a las CCAA les corresponde el 50% de lo recaudado entre sus residentes fiscales, esa recaudación no se completa hasta dos años después del ejercicio en curso. Es decir, que hasta 2022 no sabremos cuánto le corresponde a cada Comunidad por el 50% del IRPF recaudado entre sus contribuyentes en 2020.

¿Y mientras tanto, qué? Las CCAA van recibiendo unas entregas a cuenta calculadas sobre la base de lo que el gobierno central prevé recaudar en el año en curso. Este año, además, la decisión del Ministerio de Hacienda ha sido la de mantener esas previsiones de ingresos como si nada hubiese ocurrido. En una especie de universo paralelo, las CCAA están recibiendo, pues, entregas a cuenta de los impuestos compartidos sobre la base de que la economía crece un 1,6% cuando en realidad caerá alrededor de un 10% (siendo optimista).

La hacienda autonómica está ingresando, por tanto, unas cantidades que no se corresponden con la realidad, que habrá que devolver en 2022 y que, por supuesto, no mantienen ninguna relación con el impuesto de sucesiones. Las entregas a cuenta calculadas de este modo están, por consiguiente, dopadas. De hecho, en los datos mensuales que la Agencia Tributaria estatal va ofreciendo en este 2020 la recaudación no crece precisamente, y no es de esperar que lo haga a finales de año.

El segundo ejemplo de impuesto fantasma tiene una historia más larga. Se trata del impuesto sobre el patrimonio. Fue eliminado en 2008 por decisión del gobierno central y como se trataba de un impuesto cuyo rendimiento se encontraba completamente cedido a las CCAA, éstas fueron compensadas por una cantidad equivalente. Aprovechando la reforma del sistema de financiación de 2009, esta compensación se incluyó en el lote de necesidades a financiar y evolucionó con arreglo al crecimiento de los ingresos tributarios del Estado.

Sin embargo, en 2011 fue reintroducido con carácter temporal durante dos años (2011 y 2012) y su recaudación se cedió a las CCAA, que de esta forma puede decirse que lo ingresan dos veces: a través de la anterior compensación incluida en el sistema de financiación y ahora también como recaudación propiamente dicha. Y este esquema se ha venido repitiendo año tras año en cada ley de presupuestos. Ahora, el proyecto de PGE para 2021 lo convierte en indefinido y contaremos con un impuesto que se recibe dos veces.

Si a eso añadimos la ficción de que el gobierno central puede legislar sobre este impuesto al mismo tiempo que las CCAA tienen amplias competencias normativas sobre el mismo, nos encontramos de nuevo con universos paralelos. Así, el vicepresidente segundo del gobierno puede presumir de que ha subido dicho impuesto pero cualquier Comunidad (y de hecho hay varias) pueden decidir lo contrario y enmendarle la plana, primando esta última decisión. Ejemplo también de cómo no se deben descentralizar impuestos.

Un último ejemplo de impuesto fantasma lo encontramos en Ceuta y Melilla. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) es un tributo indirecto similar al IVA que, desde 2002, se va convirtiendo progresivamente en una transferencia encubierta hacia los gobiernos de las ciudades autónomas. Ello es así porque el IPSI tiene una recaudación garantizada por ley y que evoluciona según el PIB nominal. Y esta garantía no se ve afectada por el hecho de que el gobierno local decida situar los tipos impositivos en mínimos, situación que por otra parte es la habitual. En el proyecto de PGE para 2021 se han presupuestado 112 millones de euros para esta compensación. ¿No sería más transparente eliminar este impuesto (fantasma) y diseñar una transferencia en su lugar?

Y el futuro nos deparará más ejemplos de impuestos fantasma. Con una política tributaria que cambia en horas (léase, IVA de las mascarillas), la capacidad de nuestros gobiernos para visitar el mundo de las sombras y los malentendidos no debe menospreciarse.