Análisis

Joaquín Aurioles

Universidad de Málaga

Los Presupuestos y el ciclo electoral

El hooliganismo político dificulta la interpretación sosegada de las cuentas estatales y hará lo propio con las autonómicas, que se conocerán en las próximas semanas

María Jesús Montero y Meritxell Batet, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

María Jesús Montero y Meritxell Batet, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Para unos son los mejores presupuestos de la historia. Para otros los peores y el juego vale tanto para los del Estado como para los de la comunidad autónoma. Malos tiempos para quien sólo aspire a aclararse un poco con lo que le expliquen sobre tan árido asunto, en el que los fundamentos económicos, que deberían ser nítidos, aunque no necesariamente compartidos, quedan, como en tantas otras cosas, sepultados entre la maraña de filamentos políticos e ideológicos. El hooliganismo político que nos toca vivir (defensa irracional de las consignas ideológicas que dictan los partidos) invita al comportamiento simplón, como el de interpretar que un presupuesto es tanto mejor cuanto más crezca, con independencia de su suficiencia, o el de la crítica por los fondos nos gastados, es decir, ahorrados, sin mirar el grado de realización de los objetivos.

Uno de los mantras característicos en el debate presupuestario es el del gasto social. No recuerdo ningún presupuesto en el que el gobierno de turno no haya presumido de llevarlo hasta el nivel más alto de la historia ni tampoco a ningún partido de la oposición que no haya encontrado fisuras por donde colar críticas a partidas de esta naturaleza que no crecen tanto como debieran. Pocas veces se ve, en cambio, un análisis riguroso sobre la eficacia de las políticas que financian, lo que con frecuencia se explica porque los objetivos no están siempre bien definidos.

Cuando la planificación de la economía estaba de moda, a los presupuestos correspondía la concreción en el corto plazo, es decir, en el año en cuestión, de las medidas que emanaban de las estrategias concebidas por los planificadores y su idoneidad resultaba apreciable gracias a las referencias que ofrecía el propio plan. No es nostalgia de la planificación, pero sí que se echan en falta referencias a largo plazo que indiquen, no tanto objetivos concretos, como orientaciones claras sobre la senda por la que debe discurrir la economía. Contamos con planes sectoriales, algunos de notable contenido estratégico, pero no hay que escarbar mucho para encontrar aristas que no encajan (desigualdad, pobreza, sector público, justicia, etc.), especialmente en el plano financiero (pensiones, fiscalidad, endeudamiento, financiación autonómica, etc.), sin que por el momento se adviertan iniciativas convincentes para resolverlas.

La debilidad de las referencias a largo plazo refuerza la presión de los condicionantes a corto y el más notable de todos en el proyecto de Presupuestos General del Estado para 2022 es que entramos en un año preelectoral que se prevé especialmente tenso. También, como es lógico, la recuperación de las secuelas de la pandemia en la economía y las ayudas de la Unión Europea y algo parecido cabe esperar de los presupuestos andaluces que conoceremos en breve. Todo ello explica que la inversión pública prevista para 2022 bata todos los récords hasta alcanzar los 43.000 millones de euros, gracias a los más de 27.000 que se esperan recibir de Europa.

La prevalencia de los condicionantes a corto plazo también eleva el peso de la perspectiva macroeconómica, la que tiene que ver con las características del crecimiento y la demanda, sobre la microeconómica, más relacionada con las reformas estructurales, la oferta, la productividad y la inversión, es decir, con el largo plazo. Entre ambas sobrevuelan, especialmente en un año tan especial, las iniciativas de carácter social, pero centrémonos, aunque sin excesivas profundidades, en lo que sobre el corto plazo nos indica el cuadro macroeconómico.

En el cuadro macroeconómico y en los estados financieros están las claves para que las cuentas del gobierno consigan cuadrar al final del año. La dependencia financiera de la recaudación fiscal (los ingresos tributarios previstos ascienden a 232.000 millones sobre un presupuesto total de gasto de 527. 000) se verá disminuida en 2022 por las ayudas que se esperan de Europa y la relajación temporal de las reglas fiscales, pero continuará existiendo y su cuantía seguirá dependiendo, a su vez, del crecimiento de la economía. El INE asestó hace unas semanas un fuerte golpe a la euforia del Gobierno sobre la recuperación, rebajando las expectativas de crecimiento para este año, que finalmente podría quedar por debajo del 6%, frente al 6,5% previsto. El FMI acaba de hacer algo parecido y lo deja en 5,7% pero mejora en seis décimas, hasta el 6,4%, el pronóstico para el próximo, las mismas que todavía separan del 7% que aparece en el proyecto de presupuestos. El Gobierno insiste, contra el criterio general, en su previsión para 2022, pero sería, salvo gran sorpresa en este trimestre, aplicable sobre una economía de menor tamaño a la que esperaba encontrar al comenzar el año, lo que obviamente se traducirá, salvo recorte en los planes de gasto, en mayor déficit y endeudamiento.

Precisamente en el déficit y el endeudamiento y, más concretamente, en la ausencia de una estrategia para su corrección están las señales más visibles del ciclo electoral y quizá también la principal fisura en el argumentario económico del Gobierno. La prudencia advierte de que un déficit financiero del 11,7% del PIB (Hacienda estima el déficit fiscal en el 5% como referencia, pero la previsión del Ministerio es que la necesidad de financiación del Estado ascienda a 150.000 millones en 2022) y un nivel de endeudamiento equivalente al 117,4% del PIB resulta insostenible, incluso en las favorables condiciones actuales de los mercados financieros. Es probable, por otro lado, que en algún momento de 2022 el BCE anuncie que, no tanto por las tensiones inflacionistas, que podrían comenzar a remitir en el próximo trimestre, como por crecimientos tan robustos como el pronosticado para España, las circunstancias aconsejen iniciar la retirada de los estímulos monetarios. Si así fuera, el coste de la deuda, actualmente en torno a los 30.000 millones, podría elevarse hasta los 50.000 en unos años. Esta cifra estaría cercana a la diferencia entre la previsión de gastos de la seguridad social en 2022 y de ingresos por cotizaciones sociales, que en su mayor parte habrá que cubrir con recursos transferidos desde el Estado.

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