EL crecimiento de la economía española en 2023 estará muy próximo al 2,5%. Existe un notable consenso en torno a esta cifra (el Plan Presupuestario del Gobierno para 2024 coincide con la Comisión Europea en su pronóstico del 2,4%) y también sobre la ralentización que tendrá lugar durante 2024, aunque, en este caso, con más discrepancias en las estimaciones. Tanto el FMI como la Comisión Europea consideran que el crecimiento caerá el próximo año hasta el 1,7%, mientras que el Gobierno espera un 2%, aunque otros organismos son más pesimistas y algunos llevan su previsión por debajo del 1,5%. En lo que todos coinciden es en que creceremos menos, pero, como también ha ocurrido este año, más que ninguna otra de las grandes economías europeas. Seguiremos a la cabeza del crecimiento en 2024, pero ojo, porque mientras que aquí frenamos, en el resto del continente empiezan a pisar el acelerador.

Según el FMI, la economía europea crecerá dos décimas más que en 2023, hasta el 1,5%, aunque la parte más avanzada se quedará en un 1,2%, que son cinco décimas más que este año, mientras que las más atrasadas (mercados emergentes, según su denominación) conseguirán adelantarnos, pese a moderar su crecimiento en dos décimas, hasta el 2,2%. La ventaja de España y del resto de las economías que podríamos tipificar como de servicios es que se han beneficiado de la fortaleza del consumo que, a su vez, se explica por la resistencia del mercado de trabajo y las subidas salariales. Las economías manufactureras, o de base industrial, continúan bajo la presión asfixiante, aunque cada vez menor, de los precios de la energía y la seguridad en los suministros, pero el problema para todos está en la persistencia de una serie de amenazas que se ciernen sobre un horizonte temporal cercano.

En primer lugar, el del mantenimiento de las restricciones monetarias. Los efectos de las subidas de tipos de interés sobre el consumo son difícilmente evitables, pero retardados en el tiempo y las del verano del año pasado se hicieron notar con claridad cuando apenas había transcurrido un año, especialmente en el mercado de la vivienda y en el de bienes de consumo duraderos. También el final de las ayudas fiscales al consumo de bienes básicos de la cesta de la compra y al combustible de los transportistas en el caso de España pueden terminar presionando sobre los precios de cara al próximo año.

Los últimos datos de inflación mejoran los anteriores (en España se reduce en noviembre al 3,2% y la subyacente al 4,5%), pero continúan siendo excesivamente elevados y se mantendrán así durante buena parte de 2024. La mejora puede hacer que el BCE desista de aplicar nuevas subidas de tipos de interés, pero la persistencia en niveles elevados aleja la posibilidad del inicio inminente de su reducción. Por otra parte, la recomendación del FMI al BCE es clara en el sentido de mantener las restricciones monetarias porque es preferible “pecar un poco por exceso que por defecto en la respuesta a una sorpresa al alza” (en la evolución de los precios). Por cierto que, según esta institución, España pasará de ser la de menor inflación de entre las grandes economías europeas en 2023 (3,5%, según su estimación) a la mayor en 2024 (3,9%) y también la única donde en el próximo año los precios crecerán más intensamente que en este, aunque con notable discrepancia con otras previsiones, que en su mayoría contempla una inflación elevada, pero con tendencia a la moderación.

El segundo tipo de amenaza tiene que ver con el retorno de las reglas fiscales en la Eurozona y, en el caso concreto de España, con la corrección del endeudamiento público. En la actualidad es de 1,5 billones de euros (126% del PIB), medida según el procedimiento de déficit excesivo de la UE, pero que se eleva por encima de 1,9 billones (161% del PIB), según el Banco de

España, si se tiene en cuenta la totalidad de los pasivos emitidos por el conjunto de las administraciones públicas. Habrá que fijar los plazos, pero es probable que el objetivo continúe siendo reducirlo a la mitad y que haya que comenzar el próximo año, por lo que, tanto si la vía es el aumento de la presión fiscal como si es la reducción del gasto público, o ambas, la perspectiva es de impulsos contractivos desde el sector público. La complejidad del escenario se resume en que crecimiento y estabilidad presupuestaria tienen difícil encaje cuando el desequilibrio financiero y el reto de frenar el deterioro de la productividad son tan acusados como actualmente en España.

El tercer tipo de amenaza está relacionado con la incertidumbre derivada de la inestabilidad política internacional y los grandes retos que están planteados a nivel global, especialmente con la crisis del clima. También están las crisis provocadas por los conflictos bélicos, en particular los de Gaza y Ucrania por cuestión de proximidad, las de naturaleza geopolítica por el conflicto democracias y autocracias, la antiglobalización o el declive del comercio internacional. Todas ellas son formas de crisis a las que se pueden añadir otras como las migratorias, la del repunte de la pobreza, etc., que han dado lugar al surgimiento del concepto de “policrisis” (A. Tooze): conjunto de crisis simultáneas cuyos efectos se retroalimentan entre sí, con un impacto final bastante mayor que la suma del de cada una de ellas, consideradas individualmente. Sus consecuencias son fácilmente imaginables en términos de incertidumbre e inestabilidad y entre ellas hay que destacar la mayor probabilidad de cometer errores en el diseño de las políticas económicas.

Las ayudas europeas a la recuperación son un contrapeso importante a las amenazas que se ciernen sobre la economía española, pero conviene apuntar que alguna culpa de la previsión de ralentización en el crecimiento se debe a la recuperación del nivel de actividad previo a la pandemia durante el tercer trimestre de 2022. Acomodada de nuevo a su velocidad de crucero y sin la presión ascendente de la distancia a su potencial, es razonable esperar un comportamiento más moderado a partir de ahora, en línea con las economías de su entorno.