El asalto a los cielo de Pablo Iglesias de momento ha tocado techo como vicepresidente del jefe socialista en el Palacio de la Moncloa, el único argumento y sostén de la confianza en que Unidas Podemos pueda cambiar el estado de cosas a la vista de su decreciente apoyo en las urnas, notable en las últimas citas electorales, las autonómicas gallegas y vascas.
Se está comportando como socio extremadamente leal en la coalición de gobierno que preside Pedro Sánchez y para hacerse notar y no diluirse en el magma socialista no ha dudado en sacar partido de su alma republicana aprovechando la salida de España del rey Juan Carlos I mientras la Justicia investiga sus andanzas fiscales y su ex amante Corinna Larsen se despacha a gusto sonrojando a todo aquel que la escuche relatar sus vivencias con el rey emérito. Podemos no ha dudado incluso en poner hasta Felipe VI en su mirilla a cuenta de la polémica orden de Moncloa de que no asistiera a un acto en Barcelona por seguridad y acusara al Monarca de falta de neutralidad por airear su malestar en lugar de plegarse sin más.
Todo empieza en noviembre de 2015. El presunto robo del móvil de su ex asesora transcurre en un centro comercial en Madrid. Lo denuncia da lugar a una investigación en un juzgado de Alcorcón (Madrid) y se archiva al no haber rastro del o los culpables. De hecho a día de hoy, se desconoce quién pudo ser el autor de ese presunto hurto.
En enero de 2016 la tarjeta de memoria llega (tampoco se sabe cómo) a la redacción de Interviú. La revista se queda con una copia y entrega el original a Pablo Iglesias. En ese dispositivo hay mensajes comprometedores que, según el juez, habían sido enviados a otros miembros de la formación morada. También había fotos íntimas... Iglesias decide entonces quedarse con la tarjeta pero no se la devuelve a su propietaria y se la guarda durante varios meses.
En abril de 2016 el ex comisario José Villarejo entra en escena. Nadie sabe tampoco cómo se enteró de que Interviú tenía una copia de esa tarjeta de memoria pero el caso es que el perejil de todas las salsas de las intrigas de altos vuelos en este país se acerca a la redacción y se hace con una copia.
Tres meses después 'OK Diario' publica parte de la información sensible que contenía esa tarjeta. Por ejemplo esa legendaria autodefinición de Iglesias como "macho alfa" y su deseo de "azotar" a la periodista Mariló Montero "hasta que sangre".
Es entonces cuando el juez García Castellón sospecha que Iglesias decide sacar tajada electoral del (presunto) robo del móvil de su ex asesora y vincula éste la operación con las "cloacas del estado". Iglesias denuncia demás que la publicación de su contenido en el digital que dirige su odiado (es mutuo) Eduardo Inda forma parte de la confabulación contra la formación morada.
De perjudicado a señalado
Esta estrategia o argumento o como se le quiera llamar es la que mantiene Podemos a día de hoy y la que llevó a Iglesias a personarse como perjudicado en la causa en marzo de 2019. "Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios". Eso era lo que decía entonces el actual vicepresidente del Gobierno, que se declaraba empeñado en "limpiar la democracia de basura".
Unas manifestaciones que, según el juez García Castellón, son pura impostura y que por contra sostiene que la filtración de esos mensajes partió del seno de la propia formación morada, que todo era fruto de una "guerra interna", por mucho que Iglesias la atribuyera a una campaña de la "Policía política" de Interior orquestada por el PP.
De ahí el primero de los delitos de los que le acusa el juez, el de denuncia falsa. "El proceso se usó fraudulentamente por Iglesias para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones". Es más, García Castellón añade: "Iglesias fingió ante la opinión pública y su propio electorado haber sido víctima del PP".
El segundo delito en cuestión es el de daños informáticos, ya que el juez considera que la única explicación de que Iglesias devolviera la tarjeta inoperativa (estaba dañada y no se podía ver nada de lo que había almacenado) a su ex asesora meses después de haberla recuperado respondía al afán de ocultar que los mensajes habían partido desde Podemos y salvaguardar así su versión de que todo obedecía a una campaña de las llamadas "cloacas del Estado" a decir del dirigente morado.
Un tercer delito es el de revelación de secretos. García Castellón lo argumenta así en su auto: "Hubo un acceso consentido a datos de carácter personal por parte del señor iglesias, además de un apoderamiento de los archivos de carácter íntimo y personal de Dina Bousselham".
Iglesias alega en este sentido que no le devolvió la tarjeta intacta "para protegerla y no someterla a más presión". Se refería a que empezó a correr como la pólvora la especie de que ambos mantenían una relación... El líder morado ha admitido que se equivocó al tener tanto tiempo la tarjeta de memoria de su ex asesora en su poder varios meses.
Los delitos de revelación de secretos y de daños informáticos son de naturaleza estrictamente privada y si la ex asesora no se siente perjudicada (no ha presentado denuncia alguna, ni parece que vaya a hacerlo, Dina Bousselham guarda una buena relación con Unidas Podemos tras su salida), sedesactivarían de facto estas dos acusaciones de García Castellón a Iglesias..
Todo esto es lo que el Supremo deberá ahora analizar y decidir si procesa al vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, quien por ahora respalda sin fisuras a su lugarteniente morado, aunque desde la oposición exigen sin más su dimisión.
El PP exige la dimisión
Toda la plana mayor de los populares salió este miércoles en tromba al toque de corneta de Pablo Casado para exigir el cese fulminante o la dimisión de Iglesias enfatizando que por coherencia debería aplicarse la misma vara de medir que el líder de Podemos empleó en la moción de censura que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018.
Los populares fueron tan raudos que cometieron un pequeño gran error: desde su cuenta oficial de Twitter trataron de viralizar un vídeo en el que Iglesias fija el momento procesal en que un cargo público debe dimitir: “Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto”.
El PP subió este vídeo como respuesta a la solicitud del juez de la AN pero, una vez hecho, no tardaron en darse cuenta de que fue un error, pues le estaban dando la razón a Iglesias. Está por ver si el Supremo lo manda al banquillo. Algo improbable a tenor de las estadísticas.
El Código Ético de Podemos
En cualquier caso, el líder morado no está obligado a dimitir al abrirse una investigación judicial a tenor del actual Código Ético de Podemos, tras su última modificación este año, en Vistalegre III celebrada entre los días 15 y 21 de mayo, cuatro días antes de que el auto, de 25 de mayo, del magistrado García Castellón, retirara a Pablo Iglesias la condición de víctima o "perjudicado" en el caso Dina.
Este es otro de los flancos que sumen un poco más a este proceso en la confusión, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le había devuelto no hace ni un mes (este pasado 16 de septiembre) la condición de perjudicado, revocando de esta manera la decisión del juez instructor.
Podemos está convencido de que la causa desembocará en la nada, siguiendo la senda de otras 14 querellas contra la formación morada que ya han sido sobreseídas.
Iglesias: "Ni como mera hipótesis concibo que vaya a haber una imputación, es inconcebible que el Supremo acepte la petición del juez"
Como el propio Iglesias: "Ni como mera hipótesis concibo que vaya a haber una imputación. Todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo. Vamos a pedir prudencia, pero es evidente lo que está ocurriendo. Es inconcebible que acepten la petición del juez, en este país todavía no han condenado a nadie por sus ideas. Sería inconcebible que en una democracia de la UE ocurriera algo así", ha señalado Iglesias este jueves en una entrevista en Rac1.
Persecución al republicano
La de la persecución ideológica es una de las tesis-paraguas que maneja Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, sugería este miércoles que la imputación de Iglesias puede tener que ver con que tanto éste como Podemos hayan pedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o con sus opiniones abiertamente republicanas.
La parte socialista del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos (5 de los 23 ministros) asiste a este proceso con incomodidad, pero insiste en que la coalición no se va a resquebrajar por la imputación. Fue el mensaje que trasladó este jueves la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, quien mostró "todo el apoyo" del Gobierno a su vicepresidente segundo. La consigna en las filas socialistas es aguantar y no adelantar acontecimientos.
Pero llueve sobre mojado en el tejado morado judicial. También soporta el aguacero de la imputación a varios miembros de la cúpula a raíz de las acusaciones de gastos sin justificar y sobresueldos que ha lanzado el ex abogado de la formación morada José Manuel Calvente. Otra acusación sin fundamento. Según Unidas Podemos, que se siente tan perseguido como (por ahora) inalcanzable...
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