La crisis de la empresa sevillana Abengoa se ha convertido en paradigma de qué ocurre cuando una compañía española cotizada incurre en graves incumplimientos, cuando en realidad por estar en Bolsa tienen muchas más exigencias y grandes obligaciones de transparencia hacia los inversores. Y el ejemplo no puede ser peor, porque lo que sucede con Abengoa es que no pasa nada. Nadie actúa. Se desvele lo que se desvele.

Abengoa no sólo es una cotizada que no ha formulado ante el regulador bursátil sus cuentas de 2019 ni ha informado de sus resultados desde marzo del año pasado. Es que ni siquiera ha cumplido con la obligación insoslayable de tener auditadas sus cuentas, requisito exigible a miles de empresas por su tamaño o actividad, pero que es imperativo cuando la sociedad emite valores a negociación en los mercados.

Y si no está auditada es porque, como hicimos público ayer en este diario, se le ha impedido al auditor –PwC– hacer su trabajo, al no enviar las cuentas formuladas para que emita su preceptivo informe. Y mientras se impide que se le audite, el mismo consejo de administración que incumple ese requisito legal, sitúa a un símbolo del emprendimiento andaluz y español con 80 años de historia a las puertas de la liquidación, no sin antes extirparle todo su valor -activos, negocios, patentes, contratos- en favor de una filial operativa pignorada por los acreedores de la compañía. Todo ello en virtud de un informe de valoración -que ni es vinculante ni obligatorio– que contabiliza la deuda como impagada y deja el balance en patrimonio neto negativo. El ex presidente ejecutivo de Abengoa Gonzalo Urquijo se escudó para justificar estos graves incumplimientos en que tiene asegurar que la empresa sigue en funcionamiento y dijo que no formularía las cuentas hasta que ejecutase un rescate que precisamente liquidaría a la propia compañía matriz. Pero con ello también impide al auditor poner reparos a esa valoración o a la causa de disolución. Así que sólo opinaría cuando ya no esté en funcionamiento y en vías de liquidación. El nuevo consejo de administración decidió ser cómplice y trabaja con el mismo objetivo, al menos hasta que voten su cese.

Y ante la inacción por esta increíble actuación, ¿quién vigila? La Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha limitado a suspender la cotización de las acciones, pero no investiga más allá aunque se lo pidan los accionistas. Tampoco intervino la Fiscalía. Y el Gobierno central es el actor principal del rescate, al prestar o avalar 476 millones de los 550 de la operación. Sólo la Junta de Andalucía se negó a participar, bloqueando, aunque sin querer, un escándalo financiero sin precedente. Y si quien debe vigilar no actúa, ¿se permite la impunidad?