CUANDO las cadenas privadas terminaron con el monopolio de las públicas (lo que, todo hay que decirlo, no ha aportado un gramo de calidad o pluralidad y sí toneladas de basura), éstas debieron redefinir sus funciones. En España no lo hicieron, con independencia de que se tratara de cadenas nacionales o regionales y dependieran del PSOE, el PP o los nacionalistas. Hay que recordar que la mecha de la telebasura prendió en 1997 en la cadena pública de la Comunidad Valenciana, entonces presidida por el popular Eduardo Zaplana.

Las cadenas públicas regionales se financian con el dinero de los contribuyentes para ofrecerles en abierto una programación salvaguardada de las exigencias del mercado -que ha impuesto la competencia en abyección- y de los intereses político-empresariales que definen las difusas pero muy eficaces líneas de programación e información de las cadenas privadas. Sus funciones debían ser una información de proximidad cuya neutralidad y objetividad estuviera parlamentariamente garantizada, la divulgación de los valores culturales y patrimoniales de cada región, la promoción de la creatividad emergente para descentralizarla ofreciendo oportunidades a quienes no tienen acceso a las grandes plataformas nacionales, el fomento de la producción y la creación audiovisual regional, la democratización de cultura más exigente a través de su difusión divulgativa o el entretenimiento digno.

En vez de eso han sido juguetes de los partidos, cantoras de los más manidos tópicos regionales, plataformas de mediocres y caricatos, herméticas a las propuestas -cine, teatro, conciertos, debates- de calidad o explotadoras de las carencias de los sectores más social y culturalmente indefensos (lo que he denominado agro-estrategia de Canal Sur). Unos pocos programas decentes y buenos profesionales no redimen este siniestro balance.

En una situación tan económicamente grave y socialmente dolorosa presentar como medida de austeridad la fusión entre Canal Sur 1 y 2, asegurando además que no repercutirá en la plantilla, parece una broma de mal gusto. La programación que ofrece Canal Sur -poco seguida por los andaluces, que sólo en parte satisface la función de servicio público que la ley le encomienda y que responde a las necesidades del poder político, como ayer se escribía en nuestro editorial- no justifica una plantilla de 1.600 empleados ni la aportación de 122 millones de euros que hace la Junta de Andalucía, tras haber rebajado 33. O las televisiones públicas regionales se redefinen en un sentido de austeridad, calidad, proximidad y neutralidad o, con o sin fusiones, seguirán siendo un escandaloso despilfarro.