EL Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará antes de que finalice el mes de julio el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Doñana, una decisión que supondrá el incremento en otras 14.000 hectáreas del terreno protegido en el entorno del Parque Natural. La decisión, adelantada el jueves por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el transcurso de la sesión de control en el Parlamento andaluz, supone una gran noticia para una de las reservas naturales más importantes del mundo. Y lo es por varias cuestiones que conviene recordar. En primer lugar, porque la zona que ahora se pondrá bajo control pertenece a montes públicos que permitirán el desarrollo de la fauna y, en especial, del lince. En segundo lugar, porque de este modo se incrementa aún más la protección de los cauces que llevan el agua hasta el arroyo de la Rocina con la consiguiente reserva de los acuíferos del parque, cuya situación sigue sin ser la adecuada. Por último, la medida que adoptará la Junta es relevante en tanto que supone redoblar el compromiso de guarda y custodia de Doñana y envía un claro mensaje a la ciudadanía de que la Administración autonómica va a velar por que el mismo se encuentre en las mejores condiciones posibles. No obstante la buena noticia, aún quedan retos que afrontar para que la convivencia entre protección de la naturaleza y desarrollo económico vayan de la mano. El abandono de las prácticas irregulares en la extracción de agua de los pozos debe ir de la mano de una política clara de desarrollo que potencie el empleo en esta zona de la provincia. A la par, los avisos de los ecologistas de que son necesarios más medios y recursos para controlar un área protegida cada vez más amplia no deben caer en saco roto. Por último, es necesario abandonar discursos demagógicos y carentes de contenido más allá del populismo que promete acabar con problemas sin ofrecer soluciones.