Más que una sentencia

El poder ejecutivo en el presidencialismo norteamericano recae de forma unitaria en el presidente, quien no responde ante las Cámaras, ya que su legitimidad no proviene de ellas sino de los ciudadanos. Una de las obsesiones de los padres de la Constitución fue dotar al presidente de energía para dirigir la nación, dentro de un sistema político donde los jueces, el Congreso y el propio federalismo garantizarían un control recíproco de los poderes. Durante el siglo XX, especialmente a partir de la presidencia de F. D. Roosvelt, la tendencia fue la centralización del poder en la federación y, con ello, el surgimiento de una administración paralela, a través de agencias, que introducía una nueva dimensión en el poder ejecutivo dotada de cierta autonomía respecto al presidente. Dentro de ese esquema, el poder del presidente ha sido extraordinario, pero nunca absoluto. Su esfera estaba sometida a la Constitución y a las leyes. Esta idea de la presidencia, como poder limitado, ha sido expresamente contestada por Trump desde el comienzo de su segundo mandato, donde ha aprobado, sólo en un año, tanta legislación de emergencia como Obama –que abuso de ella– en sus dos presidencias. La moral y no el derecho, ha afirmado, es su único límite, una frase que adquiría un significado propio a la luz de una sentencia de la Corte Suprema que le concedía inmunidad penal absoluta por sus actos oficiales. Dicha resolución nos hizo a muchos pensar que esta Corte no iba a ejercer su función de garante de la separación de poderes y, con ello, de la democracia. La sentencia del 20 de febrero, Learning Resources v. Trump, en la que una mayoría de 6 a 3, integrada por tres magistrados conservadores, tumba buena parte de la política arancelaria del ejecutivo, nos quita razón a los más pesimistas. Más allá del extraordinario impacto económico del fallo, en ella se subraya expresamente la naturaleza acotada de los poderes del presidente y la presunción a favor de la competencia del Congreso en las llamadas major questions. El juez Gorsuch, designado por Trump, ha dejado en ese fallo una frase que será glosada en las aulas de derecho y que también nos interpela a nosotros. Dice así: “Las decisiones importantes que afectan los derechos y responsabilidades del pueblo... se canalizan a través del proceso legislativo por una razón... Mediante ese proceso, la nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o un hombre. Allí, la deliberación modera los impulsos y el compromiso transforma los desacuerdos en soluciones viables”.