Nuevos datos aportados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, a petición de la Fiscalía, dejan clara la falta de control de las cuentas y contratos en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, con el secretario-interventor José Antonio Mañas -que sigue en su puesto pese a estar considerado cabecilla de la supuesta trama para desviar fondos a su empresa mediante contratos fraudulentos- como interlocutor o responsable de dar cumplimiento a algunos de esos trámites. 

Así se evidencia en la contestación por escrito que una auditora del departamento de Corporaciones Locales ha remitido al Juzgado y que ha hecho público el PP de Sevilla, que ha vuelto a exigir que el PSOE depure responsabilidades y aparte a los alcaldes que, por acción u omisión, permitieron que esto ocurriera, entre ellos, el ex regidor de Los Corrales, ahora responsable del área de Empleado Público en la Diputación, Juan Manuel Heredia.

También ha reiterado la necesidad de que el juzgado suspenda a Mañas de forma cautelar como secretario-interventor, ya que lo sigue siendo tanto del Consorcio como de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur, ante el riesgo de que destruya pruebas. En marzo, el juzgado ya se negó a ello, tras un recurso de IU.

Mañas no contestaba a la Cámara de Cuentas

A pesar de que la Cámara de Cuentas no ha auditado directamente ni al consorcio de medio ambiente (en el que están 17 municipios) ni a la Mancomunidad de la Sierra Sur (de la que depende a efectos fiscales y presupuestarios desde hace unos años), sí que hace constar anomalías. 

La auditora señala, por ejemplo, que intentó contactar en dos ocasiones, sin conseguirlo, con el secretario-interventor para el Análisis sobre los consorcios públicos locales de Andalucía 2014-2015, un trabajo que se publicó en 2016. Pero éste no rellenó siquiera el cuestionario que le remitió en 2014, ni atendió la petición de datos, en 2015.

En ese informe ya se recogen "irregularidades", como que el consorcio no adaptó sus estatutos a la Ley de Racionalización y Administración Local, pese a que debía hacerlo antes de diciembre de 2014. Tiene los mismos que en 1997, con un único cambio de denominación, en 2011, al haberse refundido las Mancomunidades Sierra Sur y El Peñón en una sola, la Mancomunidad Sierra Sur.

Con ese cambio de estatutos que no ha hecho, debía aclarar también la administración pública a la que queda adscrito a efectos presupuestarios, de contabilidad y control. No obstante, en el inventario de entes del sector público local sí aparece en la actualidad adscrito a la Mancomunidad de la Sierra Sur. Pero ello no ha supuesto en modo alguno una fiscalización adecuada.

Es la mancomunidad la que debía presentar las cuentas del consorcio, con las suyas. Pero la mancomunidad, presidida por Heredia entre 2012-2020, no ha rendido ni siquiera las suyas propias, de ningún ejercicio.

El consorcio sí presentó, de forma independiente, las de 2014, 2013 y 2012, entre los años 2015 y 2017, aunque desde 2015 esta fórmula no es válida y no se consideran como presentadas tampoco, según la auditora.

Hasta marzo de 2021, el presidente de la Mancomunidad no había remitido tampoco a la Cámara de Cuentas los contratos a los que está obligado desde 2018; ni los convenios, aunque debe hacerlo desde 2016; ni los reparos que haya sido formulado por el interventor. Este último trámite debe hacerlo directamente el secretario.

La auditora, en sus respuestas por escrito a la Fiscalía, precisa también en el control contable y fiscal interno corresponde al interventor; el externo a la Cámara de Cuentas (aunque este organismo no entró en su planificación de estos años) y al Tribunal de Cuentas y, finalmente, a la junta general del Consorcio.

Los contratos supuestamente fraudulentos y con los que se desviaron fondos a la empresa de Mañas son del año 2016 y 2018 y el primero de ellos fue, además, para dar servicio a los municipios de la Mancomunidad de la Sierra Sur.