La ex directora general de Industria, Energía y Minas María José Asensio ha defendido este jueves ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar la legalidad de un proceso en el que, según ha afirmado, la administración andaluza ha sido “especialmente exquisita” en la tramitación del concurso.

Durante el curso de su declaración, que se ha prolongado durante dos horas, la ex directora de minas ha aclarado todas las fases del procedimiento del concurso de Aznalcóllar, destacando la “rigurosidad de la actuación de la mesa del concurso, la legalidad de su actuación y la igualdad de trato otorgada a las empresas”, también a la perdedora, Emerita Resources, según han explicado fuentes presentes en el interrogatorio.

La ex directora de Minas, que se ha negado a responder a las acusaciones particulares –Emerita y Ecologistas en Acción-, ha señalado que desde que se hizo pública la identidad de la empresa adjudicataria han sido numerosas las opiniones que han atribuido al proyecto de Emerita una inversión superior que la justificada por la empresa ganadora, Grupo México-Minorbis.

Según Asensio, Emerita ha querido computar como gastos de inversión lo que eran fundamentalmente “gastos de operación de la mina”, y si se tiene en cuenta la cifra de inversión para poner en marcha la actividad minera, las ofertas de la empresa ganadora y de la canadiense Emerita son similares: 317 millones de Emerita frente a los 304 de Minorbis.

Para la ex directora, según las fuentes consultadas, Emerita ha sumado “torticeramente” al coste de inversión los costes posteriores cuando la mina ya estuviera en actividad, “inflándolo de esa forma hasta 640 millones”.

Asensio también ha desmentido cualquier clase de presunto trato de favor a Minorbis, ya que, según ha precisado en su comparecencia, la mesa actuó siempre favoreciendo la concurrencia de los licitadores, en aras de que, gracias a la competencia entre ellos, pudiera surgir el “mejor proyecto minero” para la Comarca. Así ha puesto como ejemplo que cuando presentó su anteproyecto, Emerita estimó su inversión en 235 millones, pero de esta cantidad, sólo 21,5 millones correspondían específicamente a actuaciones mineras, utilizando esa cifra porque el volumen de negocio del banco de inversión canadiense Forbes & Manhattan que avalaba su oferta tan sólo podía respaldar esa cantidad.

Por tanto, la oferta presentada fue admitida “con generosidad” por la mesa del concurso por un principio de favorecimiento de la competencia. Sin embargo, si entonces hubiera indicado que su proyecto ascendía a 640 millones como luego ha difundido en los medios de comunicación, Emerita “no hubiera podido continuar en la licitación por no tener solvencia económica para acometer un proyecto de tal entidad”, han añadido las mismas fuentes.

Por último, a preguntas de la Jueza de Instrucción, Asensio ha recalcado que la empresa que auxilió a la Administración en la fase preliminar del concurso fue Servicios Mineros de Andalucía. Posteriormente, algunos de los técnicos de esa empresa colaboraron con ambas licitadoras, tanto con Emerita, como con Minorbis, una colaboración que, según la ex responsable de minas, no contravenía la legislación de concursos.

Tras la declaración de María José Asensio, la juez tomó declaración también esta mañana como imputados a la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor José Marcos Acota, mientras que los otros cuatro imputados comparecerán el día 25.

Según algunos abogados de las defensas, los tres imputados que han declarado hoy han explicado “con todo lujo de detalle que no había un solo problema jurídico” en la adjudicación del concurso para la reapertura de Aznalcóllar y para ello no han dudado en citar “artículos, sentencias, directivas de la Unión Europea, y jurisprudencia” en su comparecencia ante la instructora.

Las defensas también han justificado la decisión de no responder a las preguntas de las acusaciones particulares porque, según las defensas, las preguntas contenían “una falta de rigor y de respeto” a los declarantes que “no merecían ser respondidas”, puesto que “muestran una ignorancia jurídica sobre el caso y son completamente ajenas al proceso”.

Al término de su declaración, María José Asensio ha asegurado a los periodistas que estaba “muy satisfecha” por haber podido responder todas las preguntas de la juez y aclarar las “dudas” de la instructora. “La Junta ha actuado absolutamente con la legalidad y hemos sido especialmente exquisitos en este caso, es lo que yo he intentado trasladarle a la juez”, ha afirmado la ex directora general de Minas, que considera que “ha quedado claro todo” lo que le han preguntado.

Preguntada por si confía en que podrá volver a su puesto en la dirección general, Asensio ha dicho que no confía “en nada”, aunque ha añadido que confía “absolutamente ahora en la instrucción y en el trabajo que hay que hacer aquí”. La ex alto cargo no ha querido pronunciarse sobre por qué cree que la adjudicación de la mina ha acabado en una denuncia penal: “esas son preguntas que me haré yo en su momento”, ha aseverado.

Por su parte, el abogado de la ex directora, José María González, ha insistido ante los periodistas en que la actuación de la Junta fue “correcta y no hubo ninguna irregularidad que pueda traernos aquí”.

El letrado ha dicho sobre las “contradicciones” que la juez apreció en torno al análisis de la solvencia económica de la empresa ganadora, Grupo México-Minorbis que la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano “no tenía que avalar la solvencia”, la mesa de adjudicación tenía que verificar que se daban los requisitos necesarios para constatar la solvencia, y “la señora Trujillano tenía que asesorar a la mesa, pero no tenía que avalar nada”, sólo asesoró a la mesa, ha precisado.

El abogado confía en que se levante la imputación de la ex directora de Minas porque “no ha habido ninguna irregularidad y después se depurarán las responsabilidades que tengan que depurarse en su momento a otros intereses”.

Preguntado sobre si la vía penal es la adecuada para dirimir esta cuestión, ha señalado que es “un asunto en el que quien no ha ganado está protestando y creo que no es éste el escenario en el que hay que dirimirlo. Entiendo que hay que dirimirlo en el Contencioso-administrativo, no en la jurisdicción Penal”.

La imputación de María José Asensio, que fue cesada en julio pasado tras su imputación pero que no ha sido sustituida hasta que se aclare el proceso judicial, se produce por las contradicciones que la instructora ha apreciado en algunas entre las declaraciones de la testigo que examinó la solvencia económica del proyecto ganador y las de varios de los técnicos imputados. Asensio ha sido imputada, según la juez, “como responsable del procedimiento seguido a efecto de resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros de Aznalcóllar y firmante del decreto por el que se resuelve el concurso”. También han sido imputados tres de los seis integrantes de la mesa del concurso: la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta, el interventor José Marcos Acosta, y el miembro de la mesa Julio Ramos Zavala.

En un auto dictado en julio pasado, la instructora señaló que varios de los técnicos imputados aseguraron que la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano estudió las cuestiones de solvencia económica de las empresas que concurrieron al concurso y comprobó las cuentas anuales del grupo México-Minorbis, una afirmación que también fue realizada por la letrada de la Junta y el interventor delegado en la Consejería de Economía en sendos informes en los que se asegura que la documentación financiera facilitada por grupo México “acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera”.

Señala la magistrada que esas afirmaciones realizadas ante la Policía y en los informes de la letrada y del interventor “contrastan de plano” con la declaración que Pilar Trujillano efectuó como testigo, en la Policía y en el propio juzgado el pasado 14 de julio, en la que “niega haber realizado estudio específico alguno en materia de solvencia económica o cuentas anuales referido a grupo México, ni haber informado a la mesa de que grupo México cumpliera sobradamente los requisitos de solvencia económica”. Al contrario, la testigo afirmó que fue convocada de forma “apresurada” el mismo 28 de abril de 2014, cuando tuvo lugar la reunión, y negó que en la misma utilizara un ordenador con conexión a internet. También dijo que sólo le preguntaron de forma genérica sobre unas cuentas anuales y añadió que era “imposible” realizar un estudio de este calado en una reunión que no llegó a tres horas de duración.

El resto de declaraciones de imputados, explica la instructora, se producen con el fin de aclarar otros aspectos técnicos relacionados con los “riesgos” y la imposibilidad de llevar a cabo la solución técnica de acceso por el talud sur y también sobre el aspecto relativo a la “solución del agua”, ya que, prosigue la juez, “no es viable hacer circular todo el agua, porque el sulfuro al contacto con el agua la vuelve ácida sin que la solución de la adjudicataria solucione este interrogante”. La magistrada cree que este extremo debe ponerse en relación con las “sospechas de contaminación que recoge el informe policía” y las “dudas expuestas” por el profesor de investigación del CSIC Juan José Negro Balmaseda, quien no obstante admitió el pasado lunes en su declaración ante la juez que la Policía sólo le entregó para realizar su análisis seis folios de los 3.000 que tiene el proyecto de la empresa ganadora, Grupo México-Minorbis.