El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha condicionado ahora el final de la huelga de basuras en El Coronil -que cumple hoy 24 días- a la celebración de un referéndum en el que los vecinos digan si están de acuerdo o no con que siga funcionando -como lo ha hecho durante doce años, por orden de antigüedad- la bolsa para cubrir dos puestos de peón del servicio, en la que hay apuntadas 525 personas. Según el secretario general del SAT y ex alcalde, Diego Cañamero, si el resultado es que la bolsa no siga, acatarían la decisión "democrática, aunque no sea justa" y suspenderían igualmente la huelga, que no ha partido de los cinco trabajadores del servicio, sino de los que aspiraban a seguir siendo contratados por periodos de un mes de forma rotatoria.

Cañamero se ciñó ayer a esta propuesta como salida, descartando otras alternativas y acusando otra vez al alcalde socialista, Jerónimo Guerrero, de "mentir" cuando insiste que no se pueden hacer nuevas contrataciones por la tasa de reposición cero para el personal de la Administración decretada por el Ejecutivo del PP. "En los últimos seis meses se han hecho 19 contratos con fondos municipales", denunció el líder sindical.

Por su parte, el alcalde, que se enteró de la propuesta de referéndum por la prensa, calificó ésta de "absurda", un "síntoma de desesperación" del SAT. Según el Consistorio, ya se acumulan 100 toneladas de desechos en las calles y tras los primeros días de sol, los problemas de malos olores se han intensificado. Guerrero apuntó que los trámites que requiere una consulta popular supondrían que la huelga se demorara igualmente en el tiempo. Así, anunció que tiene pedida una cita con la fiscal jefe de Sevilla y con el juzgado en el que han ido denunciando los incumplimientos de los servicios mínimos para trasladarles la "indefensión". Estos servicios mínimos deberían abarcar la totalidad del pueblo en días alternos, cubriendo el cien por cien de los colegios, centro de salud y mercado, aunque el SAT interpreta que la recogida se ciñe a estos puntos. La intención de Guerrero es ver "qué se puede hacer judicialmente" y pedir "medidas cautelares" que permitan recoger la basura por otros medios, en tanto que no se decreta la alerta sanitaria.