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Utrera: el juzgado ordena investigar las cuentas del mediador en la compra de los cines

  • Pide un informe a la Cámara de Cuentas sobre si  aprecia "indicios de responsabilidad contable" en los miembros de la corporación que votaron sí a la operación

Una imagen de archivo de los cines, en el Centro Comercial Los Molinos, de Utrera.

Una imagen de archivo de los cines, en el Centro Comercial Los Molinos, de Utrera. / D. S.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera ha ordenado investigar las cuentas del empresario que hizo de intermediario en la compra por parte del Ayuntamiento de los cines del centro comercial Los Molinos, en agosto de 2019. Ésta se formalizó por 685.000 euros entre el Consistorio y el empresario, que los había comprado sólo dos meses antes y con compromiso de adquisición posterior por parte del gobierno socialista al fondo de inversión que los tenía, pero pagando 235.000 menos por ellos.

En una providencia del 27 de octubre, la titular del juzgado que investiga si se pudo cometer un presunto delito de prevaricación administrativa, requiere además a la Cámara de Cuentas para que informe sobre “si observa indicios de responsabilidad contable por parte de los miembros de la corporación local”, se entiende que de los que votaron a favor de aquella operación.

También va a tomar declaración como testigo –se ha fijado ya para el 14 de febrero, en el juzgado– a la actual interventora municipal que, si bien no ejercía en el Ayuntamiento en el momento de la compraventa, sí “habría intervenido posteriormente en las liquidaciones de IVA”.

Estas diligencias se producen después de que Juntos por Utrera (JxU) –que alertó de lo que considera puntos oscuros de la operación– y Cs denunciaran en el juzgado y recurrieran el archivo decretado inicialmente, convencidos de que se han producido irregularidades y posibles delitos de tráfico de influencias y malversación, además de prevaricación.

En ambas operaciones de compraventa intervino como notario el concejal socialista José Montoro, en su despacho profesional, con lo que conocía las cantidades con las que se cerraron las dos ventas realizadas con pocos meses de diferencia. Pese a todo, el gobierno socialista ha defendido la legalidad de todo el proceso y que así pagó mucho menos que lo que el fondo de inversión le pedía por las salas, ahorrando costes al Ayuntamiento. Los cines reabrieron en abril de 2020, tras una concesión a una empresa por parte del Consistorio.

En la nueva providencia, la titular del juzgado atiende las peticiones realizadas por la Fiscalía, en otro escrito que entró en el juzgado el 5 de octubre. En concreto, el juzgado ordena que se requiera a las entidades bancarias en las que el empresario y su empresa tienen cuentas para que faciliten los movimientos bancarios al Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil desde el 1 de enero de 2019 –la compra por parte de la empresa Hermanos Tagua Serrano S.L. se hizo en junio de ese año, un día antes de que el alcalde anunciara en su toma de posesión tras las elecciones que el Ayuntamiento iba a tener los cines– hasta la actualidad. Igualmente, pide que se autorice al citado equipo el acceso al fichero de titularidades financieras, de titularidad pública, para estudiar además la apertura o cancelación de cuentas corrientes, valores o depósitos y la identificación de sus titulares o autorizados.

Tras conocer estas nuevas diligencias, el portavoz de JxU y ex alcalde, Francisco Jiménez, subrayó en un comunicado que una de las cuestiones fundamentales para esta investigación es el hecho de que el Ayuntamiento haya utilizado “un conseguidor para la compra de las salas de cine, unido a un procedimiento que en ningún momento ha estado claro y que en pocos días provocó el enriquecimiento de un empresario en más de 230.000 euros del dinero de los utreranos”.

Para el líder de la oposición no resulta admisible “que el alcalde no haya dado una explicación ni siquiera medianamente convincente de cómo han sido los procedimientos, en cambio sí que se ha estado ocultando y manipulando toda la información”. Jiménez señala que desde su partido seguirán realizando la labor de control y fiscalización que les corresponde como oposición.

Por su parte, desde el gobierno local socialista creen que este trámite del juzgado es sólo una especie de formalidad para volver a archivar el caso, convencidos de que no hay irregularidades. 

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