El hecho de que el gobierno del PP en Tomares apostara el jueves por convocar al día siguiente una comisión informativa extraordinaria para dar cuenta a la oposición de la presencia -por segunda vez desde octubre- de la Policía Judicial en el Ayuntamiento, hizo pensar que el alcalde, José Luis Sanz, iba a dar un golpe de mando, para respaldar a los suyos (hay tres concejales imputados por el caso de los informes de una frase) o anunciar alguna cirugía que le evite riesgos en su aspiración por suceder a Juan Ignacio Zoido al frente del PP-A. Pero no compareció. Ni lo hizo su mano derecha, el edil de Presidencia y secretario general del PP de Sevilla, Eloy Carmona, uno de los imputados. Fueron el tercer teniente de alcalde y edil de Deportes, José María Soriano, y la quinta, Lola Vallejo, de Educación, quienes, según la oposición, se limitaron a leer el comunicado que se envió a la prensa el día previo.

El comunicado venía a decir que los agentes requisaron dos ordenadores, el del edil de Medio Ambiente, Juan Campos (el que cobró de 2007 y 2009 más de 2.000 euros al mes por esos informes), y el de un técnico, y documentación original de unas copias que ya tenía. El gobierno justificó la ausencia del alcalde porque tiene "delegadas" las presidencias de las comisiones y nunca las preside. Pero ni Soriano ni Vallejo pudieron o quisieron responder a las preguntas que plantearon los portavoces del PSOE, IU y el PA, que coinciden en que sólo si el alcalde destituye, como medida cautelar, a los tres ediles denunciados no será "cómplice" -en palabras de la socialista Cristina Pérez- de las irregularidades que se hayan podido cometer. En el caso de Carmona, su salida del Ayuntamiento implicaría que tampoco puede ser representante en la Diputación, donde es portavoz del PP.

Entre las preguntas que planteó la oposición está si los ordenadores requisados son los que pidió el Juzgado, porque los equipos se han cambiado recientemente y no son los que se usaban cuando, supuestamente, se cometieron las irregularidades; si se ha notificado a la juez o si Campos, cuando finalizó su contrato como autónomo, siguió trabajando para el Consistorio con alguna empresa; cuál fue la documentación original que pidió el juzgado y si es cierto que hay tres ediles imputados, que ya han declarado, porque no tienen más datos que lo publicado.

Tras la comisión, Lola Vallejo descartó que las destituciones que pide la oposición vayan a producirse. La edil es una de las personas que se barajan en Tomares como relevo de Sanz en la Alcaldía si da el salto para ser candidato a la Presidencia de Junta. Tal vez no sea casual que ayer estuviera en un primer plano, poniendo su rostro ante un despliegue de medios y prensa casi insólito en Tomares. Muchas televisiones nacionales, de conocidas tertulias políticas.

La edil trasladó que el caso se diluirá. "Estamos totalmente convencidos de que la Justicia nos va a dar la razón y entonces la oposición tendrá que dar explicaciones, sabe que los contratos existen y el trabajo se realizó, como avalan dos secretarios, un interventor y una tesorera". Vallejo insistió en un mensaje: "Estamos ante una denuncia política" porque "no soportan que ganáramos las elecciones". La idea no es nueva. Eloy Carmona ha acudido a ella en otras ocasiones, en las que se ha cuestionado al gobierno de Tomares (el caso de los contratos supuestamente irregulares, las facturas de restaurantes y este de los informes) para decir que los partidos apuntan no al alcalde, sino sino al número dos del PP andaluz y a él mismo, número dos de Sevilla.

Sin embargo, y aunque es cierto que la edil de IU, Valme Sánchez, y el del PA, Alberto Mercado, presentaron sendos escritos a la Fiscalía con sus dudas sobre la legalidad del contrato que el alcalde firmó con Campos después de que éste no saliera elegido concejal en 2007, y de que realizara realmente los trabajos por los que cobraba, es la Fiscalía la que ha presentado la denuncia por prevaricación y malversación, contra Eloy Carmona, el propio Campos y Mercedes Fuentes, que durante la anterior etapa de gobierno fue delegada de Medio Ambiente. La oposición no tuvo constancia de esa relación contractual. Las diligencias que se han practicado en Tomares y la decena larga de personas que han declarado ya, entre testigos e imputados, han sido a instancia de la propia juez.

No hay ningún grupo de la oposición personado. IU y el PA iniciarán los trámites para hacerlo la semana que viene. "Es la única manera de tener información de primera mano", subrayaba Valme Sánchez, quien insistía y coincidía con el resto de la oposición en que se "desmonta" el discurso del gobierno de que el Ayuntamiento es "transparente". Más allá de Tomares se desencadenó del todo el debate sobre en qué medida la polémica determinará las aspiraciones políticas de Sanz.