La instrucción judicial del presunto fraude cometido en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur por la adjudicación de contratos de forma irregular a una empresa que controlaban el secretario-interventor y el jefe de planta, Magno Ambiental del Levante, entra en una fase final en la que, salvo que las partes pidan alguna ampliación, el siguiente paso será la apertura de juicio oral y el auto de procesamiento. 

Lo último ha sido un auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, fechado el pasado 9 de noviembre, en el que estima los recursos de IU, el PP y la propia Fiscalía  en contra de la decisión del juzgado número 2 de Estepa de dejar fuera del caso al presidente entre 2014 y 2019, Basilio Carrión, alcalde de Casariche. Así, acuerda que siga como investigado en la causa, junto al propio secretario, José Antonio Mañas, y al jefe de planta de gestión de residuos, Manuel Ibáñez.  No procede, según los magistrados, "en este momento procesal la realización de un juicio definitivo sore el fondo de la cuestión de la causa, que corresponde a la fase de enjuiciamiento". 

En el auto, los magistrados de la Audiencia consideran que, vistas las diligencias practicadas, existen "indicios de criminalidad contra el investigado pues durante el periodo en que fue presidente del Consorcio se realizaron pagos no justificados a la entidad Magno, que resultó ser titularidad de dos funcionarios del Consorcio". Añade que "desde 2014 existen pagos que no ha resultado acreditado que respondan a ningún contrato, pagos que como presidente deberían ser autorizados por el mismo". 

En un contundente auto, que responde en gran medida a los argumentos que había esgrimido el abogado Santiago Orosa, que representa a IU, destaca que la contratación se hizo "sin proceso alguno de licitación", en enero de 2016, noviembre de 2018 y enero de 2019, contrataciones que fueron "económicamente perjudiciales para el Consorcio". Por ejemplo, durante todo el año 2016 y en virtud de un convenio que firmó también con la Mancomunidad de la Sierra Sur pagó 10.890  euros al mes a Magno por el supuesto alquiler de camiones cuando la empresa no prestó ningún servicio, todo ello "autorizado por el presidente". 

La Audiencia también tiene en consideración la "falta del control del presidente" durante su cargo, "con las mismas funciones que un alcalde", recuerda, desmontando así el argumento de que firmaba los documentos que se le presentaban pensando que se había seguido el procedimiento legal y técnico, cuando no fue así y ni siquiera rindió ante la Cámara de Cuentas, posibilitando "cuando menos la comisión de los delitos, estando el mismo obligado a evitar el resultado lesivo contra el patrimonio público", abunda. 

El auto pone el acento además en la contratación de un abogado como asesor del consorcio que era pareja en ese momento del hijo del secretario-interventor, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público, y resta importancia a las pruebas que han concluido que algunas de sus firmas en los contratos puedan no ser auténticas, cuando en su declaración admitió que pudo haberlas firmado en esa confianza de que se trataban de documentación con el visto bueno de los técnicos.  

Reacciones políticas

En un comunicado, IU señala que la "trama de la mancomunidad" está más cerca de esclarecerse gracias, destaca, al empeño de la federación porque así se haga. Recuerda que la investigación ha señalado delitos por valor de 3,5 millones con perjuicio para el ente público. 

También el PP ha asegurado que continuará trabajando "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer lo sucedido en el Consorcio y la implicación de cargos socialistas. "La transparencia es lo que hace que nos impliquemos directamente en esta cuestión y la necesidad de que los vecinos sepan qué se hace con su dinero y con sus residuos".