Alaya envía la operación Madeja a la Audiencia Nacional

La juez Mercedes Alaya ha decidido enviar a la Audiencia Nacional el sumario de la operación Madeja, en la que se investiga una organización criminal que habría actuado en 12 provincias españolas pagando hasta 4,3 millones de euros en comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones públicas.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, que tiene fecha de este martes, Alaya decreta la inhibición para el conocimiento de la causa a favor de los juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, aunque esta resolución todavía puede ser recurrida por los abogados de los 88 imputados ante la propia instructora y ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

En la resolución, la instructora señala que las investigaciones destaparon un "entramado" que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comenzó a compartir la dirección en 2007 para asumirla por completo en 2001. También formaron parte de la directiva el cuñado de Rafael González, Juan Andrés Brugueras Foye, se encargó de una gran parcela de la contratación de la empresa, con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo Gajete.

Fitonovo, "a través de medios ilícitos, obtuvo continuadamente durante años, la adjudicación de contratos públicos en distintas administraciones, bien mediante tráfico de influencias, mediante el pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos o bien mediante concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados, bien ajenas mediante convenios entre ellas para repartirse el mercado, siendo el pago de dádivas el instrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaban para contratar con la administración".

Alaya aclara que el "fraude" además no sólo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuanto Fitonovo concurría, como sucedía "en muchos casos", como contratista de otra empresa adjudicataria, "pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados".

La magistrada concluye que "no se ha podido determinar aún el ilícito beneficio que habría obtenido" Fitonovo con dicha contratación y ejecución fraudulenta, si bien "en virtud del esfuerzo investigador de la Unidad Central Operativa (UCO) no sólo se han detectado los numerosos cohechos, sino la contratación que habría tenido lugar en virtud de los mismos". Para determinar ese beneficio, Alaya precisa que quedan aún por practicar, "como acertadamente señala el Ministerio Fiscal" una o varias pruebas periciales.

Para el pago de las "ilícitas comisiones" que se remontan al año 1995 y llegan hasta 2013, se fraguó en la empresa la creación de la denominada Caja B, de la que "salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4.300.000 euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios". De la organización de la Caja B, que Alaya recuerda que especifica todos los pagos realizados “con el máximo detalle”, se encargaba el "hombre de confianza", Ángel Manuel Macedo Gajete, que también pedía las "facturas falsas".

De los 88 imputados, 40 eran funcionarios públicos de una decena de administraciones públicas afectadas por el fraude: Ayuntamiento de Sevilla; Diputación de Sevilla; Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía; Ministerio de Fomento en las delegaciones de Jaén, Huelva y Cádiz; Diputación de Córdoba; Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz); Ayuntamiento de La Carolina (Jaén); Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura; la empresa pública ADIF, en sus gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona; y la administración autonómica de Canarias.

De todo lo expuesto, Alaya concluye que las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo, que pueden constituir múltiples delitos –cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, falsedad documental y asociación ilícita- que "han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica, abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama". Por todo ello, sostiene de acuerdo con el "meritado informe del Ministerio Fiscal" procede acordar la inhibición del conocimiento de la presente causa a favor de los juzgados Centrales de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pidió en enero pasado a Alaya que se inhibiera de esta investigación por cuanto el fraude producido ha tenido un "notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional".

El Ministerio Público llamaba la atención precisamente sobre el número de imputados en la presente causa y que la "cantidad utilizada con fines indiciariamente delictivos ha sido fijada en 4.300.000 euros", según las investigaciones de la Unidad Central Operativa que fija esta cantidad en concepto de "comisiones, dádivas de distinto tipo, regalos, etc." realizados por la empresa Fitonovo/Fiverde y otras que formaría parte formal o informal de su grupo de sociedades.

La Fiscalía argumentaba que no cabe duda de la "complejidad de la instrucción", tanto en relación con los hechos que deben ser objeto de investigación como del número de personas inculpadas en varias provincias, tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma.

Dice la Fiscalía que Fitonovo pagó esas comisiones con el objeto de "adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos, realizando variados tipos de maquinaciones no ya para obtener directamente la adjudicación sino concertándose con otras empresas para que en connivencia con éstas presentaran ofertas ficticias con el objeto de obtener el contrato de que se tratara bajo una apariencia de legalidad", según las pruebas documentales, testificales y las declaraciones de algunos imputados.

De la contabilidad "B" de la empresa Fitonovo se desprende, añade la Fiscalía, que "el dinero opaco se utilizaba igualmente para posibles pagos de salarios a trabajadores o compras para la empresa de determinados bienes".

Además, se abrió otra línea de investigación en relación a las cantidades de las que se nutría dicha contabilidad "extraoficial", lo que ha conducido a determinar que había varias empresas que emitían facturas "infladas" con la misma finalidad: facturas emitidas por servicios prestados por empresas subcontratadas por Fitonovo que posteriormente se facturaban por la empresa principal.

La operación Madeja es la segunda causa más voluminosa que investigaba la juez Mercedes Alaya, por detrás únicamente del escándalo de los ERE fraudulentos. En el sumario, que consta de casi 9.000 folios distribuidos en 24 tomos, hay ya un total de 88 personas imputadas, entre ellas varios ex responsables políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas que presuntamente habrían intervenido en el cobro de comisiones o recibido regalos por favorecer la contratación de la empresa Fitonovo.

La Madeja no es la segunda causa más relevante de las que investiga Alaya sólo por el número de imputados, sino también por el volumen de fianzas de responsabilidad civil que se han impuesto, por encima de los 42 millones de euros frente a los casi 3.000 millones que se han fijado en los ERE.

En la causa también están imputados los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, a los que la Audiencia ha rebajado la fianza civil a 110.000 euros; el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo (PSOE), al que se impuso una de 715.000 euros; y el ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. El ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP) también figura en la lista de implicados en la causa y recientemente la Audiencia Provincial ha anulado la fianza civil de 266.000 euros que le impuso Alaya.

La operación Madeja, cuya investigación se inició en julio de 2013 con una primera fase en la que fue detenido el ex asesor municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, se ha extendido finalmente a 12 provincias españolas, motivo por el cual la instrucción recaerá ahora en la Audiencia Nacional, órgano competente para enjuiciar delitos que se producen en varias provincias o en los que interviene una organización criminal.

En este caso, Alaya ya ha puesto de manifiesto que los directivos de Fitonovo constituyeron una auténtica "organización criminal" que corrompía a funcionarios y responsables políticos.