El gobierno de Juan Espadas apostó en 2015 por la implantación de la tasa turística y abrió un debate que tiene partidarios y detractores. Cinco años después retoma el tema con la intención de negociar con el Ministerio de Hacienda para que reforme la Ley de Haciendas Locales, paso necesario que permitiría crear un impuesto, una fiscalidad turística bajo la que se ampararía la denominada tasa. La creación de esta figura no obligaría a su cumplimiento, sino que los municipios serían libres de aplicarla o no. Sevilla no es el único ayuntamiento que presiona en estos momentos para conseguir este cambio, también el de San Sebastián, donde el turismo ha aumentado igualmente en los últimos años.

El parón que han supuesto los últimos periodos electorales y el retraso en la constitución del Gobierno central han frenado también esta negociación, pero el gobierno municipal asegura que saldrá adelante confiando en la buena sintonía con la ministra, la sevillana María Jesús Montero.  El gobierno socialista argumenta que Hacienda debe oír las recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación local en julio de 2017, donde se apuntó ya que la tasa turística es un impuesto que está recogido en una ley estatal (Ley Reguladora de Haciendas Locales), “que proporcionaría la cobertura necesaria para que los entes locales, carentes de potestad legislativa, pudieran exigirlo si así lo consideran conveniente”.

Pero de momento, no hay consenso, pues la propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este lunes que el Gobierno no tiene en su agenda poner una tasa turística a nivel nacional.

¿No hay otra opción? Desde la oposición, se ha criticado el poco empuje que el equipo de Espadas ha dado a esta reivindicación: la tasa turística que el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla califica de “muy necesaria”. Pero descarta recurrir a otra vía que no sea la reforma legal que tiene que realizar el Gobierno central, al contrario que San Sebastián, que ha optado por buscar soluciones dentro del ámbito municipal.

En concreto, el consitorio donostiarraestudia dos vías: una ordenanza que le habilite para cobrar a los alojamientos ese recargo, que oscilaría entre uno y cuatro euros al día, o un acuerdo en Juntas Generales de Gipuzkoa que suponga un recargo en el IAE o el IBI. Esta última medida sólo se aplicaría a las empresas que declaren más de un millón de euros al año.

Ésta es la opción que se ha apuntado a nivel municipal por grupos como Adelante Sevilla, que apuesta por gravar actividades como son los pisos turísticos. La idea para recaudar a los turistas pasaría por implantar una tasa de basura similar a la de los locales comerciales a los alojamientos turísticos o que se apliquen tasas a los autobuses turísticos por el uso de las paradas, entre otros ejemplos.

El equipo de Espadas no ve claro esta opción e insistirá en la negociación con Hacienda, dada que la otra vía legal depende de la Junta de Andalucía, ahora en manos del PPy Cs, que no se han mostrado partidarios de este impuesto. Dicha alternativa sería la creación de una ley paraguas autonómica, como existe en Cataluñao Balerares, donde se aplica desde hace años una tasa, “pero está cerrada por voluntad política”, recuerda Antonio Muñoz. Lo cierto es que cuando la Junta de Andalucía tambén estaba gobernada por el PSOE, también se pusieron reparos para impulsar esta tasa, calificando el momento como inoportuno y alegando que se crearían agravios comparativos en otras ciudadades turísticas andaluzas.

El Ayuntamiento de San Sebastián prevé ingresar en 2021, si prospera la medida, cuatro millones de euros. En el casod de Sevilla, cobrando sólo un euro, se podrían superar los seis millones que, según Muñoz, permitirían rehabilitar el patrimonio público y, con ello, diversificar y espaciar la oferta por la ciudad y también  hacer un marketing más selectivo y potente. Y también se podían cubrir algunos déficits de zonas de la ciudad con alta concentración de turistas, reforzar equipamiento y mejorar servicios ar que el impacto negativo del turismo sea el menor.  “La tasa no supone mayor presión fiscal, quien pagan son los turistas y éstos no dejan de ir a un sitio para eludir este impuesto”, insiste Muñoz, mirando por ejemplo a ciudades como Barcelona. En la capital condal no sólo se mantiene la tasa desde 2012, que genera unos ingresos anuales de 57 millones de euros, sino que se ha aprobado una subida del tramo más alto de la tasa hasta 4 euros, que ha sido rechazado por los hoteleros.