El Ministerio del Interior mantiene activas 135 denuncias por desaparición en la provincia de Sevilla, donde durante el año 2020 se emitieron 14 alertas por desapariciones de alto riesgo. Otros 17 casos corresponden a menores extranjeros no tutelados que se fugaron de centros de protección. Además, se han detectado 143 episodios de reincidencia en las desapariciones. Así consta en el informe anual sobre personas desaparecidas correspondiente al año 2020, que ha hecho público recientemente el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Este estudio se centra también en el análisis de las desapariciones durante la pandemia, que ha reducido notablemente las denuncias. En el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, en Sevilla se presentaron 84 denuncias sobre personas desaparecidas. Entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre, durante el segundo estado de alarma, el número de expedientes abiertos bajó a 73. La inmensa mayoría de las desapariciones se esclarecieron al encontrar a la persona con vida, si bien también hubo casos en los que se hallaron muertos.

Quedan todavía 14 cadáveres sin identificar en Sevilla. El informe explica que desde el año 2010 en Sevilla se hallaron 28 cuerpos sin identificar. El trabajo de la Policía y la Guardia Civil permitió averiguar las identidades de 14 de estas personas, mientras que las otras 14 todavía permanecen a la espera de que haya alguna coincidencia de ADN o aparezca alguna nueva prueba que permita ponerles nomnbres y apellidos.

Denuncias por desaparición.

El informe hace un balance de la actividad del Centro Nacional de de Desaparecidos (Cndes), un organismo que se creó en 2018 para perfeccionar los protocolos de actuación y la eficacia en la gestión de los datos de desapariciones en España. Esta institución se dedicó durante 2020 a mantener una presencia activa en los medios de comunicación, así como en formar a las Fuerzas de Seguridad para que avancen en sus investigaciones, y participar en una serie de encuentros con familiares, seres queridos y allegados de los desaparecidos. Precisamente una de las demandas habituales de los familiares era la ausencia de información de sus casos, y el Cndes quiere reducir sobre todo esa sensación de frialdad que la administración ha podido dar en alguna ocasión ante este tipo de noticias.

Como ocurrió en la mayoría de los ámbitos de la vida, 2020 estuvo marcado por la pandemia del covid-19, que también se ha notado en las estadísticas de desapariciones. Las denuncias han caído a mínimos históricos. Nunca desde que se comenzaron a registrar globalmente los datos, en el año 2010, había habido tan pocos casos abiertos en un año. En España, durante el año pasado había registradas 219.425 denuncias, de las que permanecen activas 4.685. Esto supone una reducción del 15% con respecto al año anterior, cuando seguían abiertos 5.529 expedientes.

De las denuncias que permanecen activas, se estima que más del 76% son desapariciones voluntarias, un 21% involuntarias y menos de un 3% forzosas. El principal motivo del descenso de casos activos se debe al cese de denuncias interpuestas con anterioridad, y a que el número de nuevos hechos denunciados fue notablemente inferior al de años anteriores. En 2020 se presentaron 16.528 denuncias, lo que supone un descenso del 37% en relación con las que se pusieron en el ejercicio anterior.

En el primer estado de alarma (de marzo a junio) se redujeron los casos en un 80% en relación con el mismo periodo del año anterior. Finalizado el primer estado de alarma, durante los meses de verano, el número de denuncias se incrementó con respecto a los meses anteriores, pero siguió siendo en todo caso bastante inferior al de los años precedentes. Esta tendencia se mantuvo durante el resto del año, incluido el segundo periodo del estado de alarma, desde finales de octubre hasta el 31 de diciembre.

A las 4.685 denuncias activas hay que añadir otras 8.367 acumuladas desde 2010 que han sido catalogadas como menores extranjeros no tutelados fugados de centros de protección. El país de origen más habitual es Marruecos, con más del 61% de los casos, seguido de Guinea y Argelia, ambos con un 9%. En Sevilla hubo el año pasado 17 desapariciones de este tipo. De ellas, 13 fueron de menores que se fugaron de un centro de Las Cabezas de San Juan, 3 de La Luisiana y uno de Écija.

Los buzos del GEO de la Policía Nacional buscan a Marta del Castillo en la dársena.

El 67% de las denuncias presentadas en 2020 cesaron en los primeros catorce días. Los motivos de cancelación más habituales fueron el reintegro en el domicilio o centro de protección, la petición de retirada de denuncia por parte del denunciante o la localización del desaparecido por parte de las Fuerzas de Seguridad. Sólo el 1,10% de los casos terminó con la muerte de la víctima.

Interior también destaca en su informe el elevado casos de reincidencia que hay. Más de un 41% de las denuncias registradas en 2020 corresponden a personas que ya habían tenido fugas anteriores. La edad media de los desaparecidos reincidentes está en torno a los veinte años. Además, el estudio hace referencia a las desapariciones de españoles en el extranjero, de los que permanecen activos 106 casos. Francia, con un 15% de los hechos, es el país que acumula más desapariciones de españoles fuera del territorio nacional.

El caso Marta del Castillo, un antes y un después

El balance que ha publicado el Ministerio del Interior no existiría si no hubiera sido por el caso de Marta del Castillo. La desaparición de la adolescente sevillana, en enero de 2009, obligó al Gobierno a cambiar todos los protocolos y el sistema de registro de las denuncias por desaparición, tratando de buscar fórmulas más eficaces. Era evidente que algo no funcionó en la administración durante la desaparición de Marta del Castillo, cuyo cadáver sigue buscando la Policía Nacional doce años después, sin que se haya hallado una sola pista fiable del paradero del mismo.

Aunque no lo cita expresamente, el propio informe comenta el cambio que supuso el caso Marta del Castillo para el tratamiento de las denuncias por desaparición en España. “Desde la regulación en el año 2009 de la actuación policial mediante un protocolo que venía a valorar el riesgo de la desaparición, con el fin de agilizar la búsqueda de una persona desaparecida y de esta manera adaptar las actuaciones y las medidas de respuesta a las circunstancias de cada caso, el campo de las personas desaparecidas y los restos humanos sin identificar viene siendo una prioridad y en ella ha estado y sigue trabajando intensamente el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad”, explica la introducción del informe.

Desde entonces se han ido adoptando diferentes medidas y estrategias. La primera fue la creación de la base de datos de desaparecidos y restos humanos. Todo este proceso derivó en la constitución en el año 2018 del Centro Nacional de Desaparecidos, formado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que asesoran directamente al secretario de estado de Seguridad.

Stanislav Nikoporovic

El Centro Nacional de Desaparecidos sólo tiene una alerta activa en la provincia de Sevilla. Es la de Stanislav Nikoporovic, un hombre de 43 años que desapareció el 6 de enero de 2019 en Alemania, adonde había ido a comprar un coche. Nikoporovic residía en el Cerro del Águila junto a su familia y vivía en Sevilla desde hace unos veinte años. Está casado con una mujer de origen ruso, con la que tiene un hijo.

Antes de su desaparición habló por teléfono con su esposa, sin que ésta notara nada extraño. La mujer estaba embarazada en ese momento, si bien luego perdería el bebé. Nikoporovic se encontraba en Alemania en casa de un amigo, en la localidad de Saarbrucken. La Policía no ha encontrado ninguna pista de su paradero.

El niño Josué y otros casos antiguos

Aunque el Centro Nacional de Desaparecidos sólo tenga activa una alerta en Sevilla, existen otras organizaciones que han lanzado alguna más. Es el caso de SOS Desaparecidos, que mantiene abiertos expedientes mucho más antiguos. Uno de ellos es el caso del niño de Dos Hermanas Josué Monge, que la Policía ya tramitó hace años como un homicidio.

El pequeño tenía 13 años cuando desapareció, el 11 de abril de 2006. Doce días después lo hizo también su padre, que supuestamente había salido a buscarlo. La Policía trabaja con la hipótesis de que el padre mató al niño y se suicidó. Sus cuerpos no han sido hallados. Hay también una desaparición del año 1997, la de Ana María Franco Salguero, vecina del Polígono Norte.