Mercasevilla repartió beneficios pese a sufrir pérdidas de 5 millones

La auditoría de cuentas de Mercasevilla elaborada por Deloitte, y presentada ayer al consejo de administración de la sociedad, revela que la anterior dirección maquilló el balance de resultados de la sociedad anunciando supuestos beneficios años tras año, desde 2005, cuando en realidad desde entonces las pérdidas acumuladas ascienden a 5 millones de euros. En lugar de este balance negativo, los anteriores gestores imputados en la causa judicial (el director gerente Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce) y la auditora Price Waterhouse avalaron unas cuentas que arrojaban beneficios en todos esos años que incluso llegaron a repartirse en 2008 entre los consejeros de Mercasa (el socio estatal con el 49% de participación). Los consejeros del Ayuntamiento, por contra, renunciaron a recibir cantidad alguna de estos beneficios.

Según el documento de Deloitte al que ha tenido acceso Diario de Sevilla, las pérdidas más abultadas constan en 2008 con 1.539.000 euros y en 2009 con 2.596.000 euros, en contraste con los beneficios de 258.000 y 289.000 euros, respectivamente, que aparecen en la primera auditoría firmada por Price Waterhouse en los años en que Mellet ocupó la gerencia de la empresa, puesto que abandonó en los primeros meses de 2009.

En otros datos facilitados al consejo de administración de ayer, se deja claro que en los años anteriores tampoco casaban los resultados con la realidad. En 2005, la auditoría de Price Waterhouse cita beneficios de 52.000 euros, en 2006 de 197.000 euros y en 2007 de 198.000 euros de saldo positivo que fueron en realidad de 856.709 euros de pérdidas acumuladas de estos años.

La causa de estos desfases contables se debe, en parte, a que se incluyeron como "ingresos" partidas económicas que debían figurar como "deuda" de la empresa. Por ejemplo, de la operación de venta de los terrenos de Mercasevilla a la constructora Sando aparecen cantidades por valor de 1,8 millones de euros que debían constar como deuda, ya que se trataba de un dinero que la empresa debía haber guardado hasta que esa venta fuera efectiva. Las cantidades son 352.000 euros de fianza (año 2005), 1.182.000 euros del año 2006 a 2008 y 316.000 euros que se apuntaron como ingresos de forma indebida, según fuentes de la empresa consultadas.

Ante la evidencia de irregularidades en las cuentas, el PP anunció ayer que denunciará ante los tribunales a los responsables con una querella por presunto delito societario, por entender que "la auditoría demuestra a las claras que existe un delito societario y que las cuentas de 2008 daban una imagen absolutamente distinta a la realidad", en palabras del consejero Beltrán Pérez.

La dirección de Mercasevilla (integrada por el Ayuntamiento y el socio estatal Mercasa) esperará dos meses para "tomar medidas contra los anteriores gestores y contra la auditora Pricewaterhouse" y no concretó a qué medidas se refiere. El consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir (PSOE), explicó que se ha aprobado emprender acciones contra las dos partes citadas sólo cuando estén listas las cuentas de 2009 a 31 de diciembre, es decir, en el plazo máximo de 60 días. Mir sólo dio a la prensa los datos de la auditoría del ejercicio 2008 y de enero a abril de 2009, y añadió que hasta dentro de dos meses no puede saberse si existe un delito societario.

En su comparecencia ante los medios, Mir reiteró que el resultado de la auditoría ha causado "indignación" entre los consejeros por hacerles creer que la empresa tenía beneficios y señaló que todo ha sido un engaño en las cuentas que también podría haberse dado en la polémica sobre el impago de los prejubilados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007. "Todos los consejeros hemos sido engañados por los anteriores gestores y por la auditora Pricewaterhouse que tenía que haber hecho su trabajo en condiciones", dijo Mir, para quien el maquillaje de las cuentas "tarde o temprano se habría descubierto" si no hubiera saltado el escándalo judicial. Sobre el retraso en la entrega de la auditoría, Mir respondió a la prensa que no sabe el motivo pero que no ha habido presiones de Price Waterhouse y que Deloitte ha entregado el documento "en el momento oportuno".

El PP criticó la ausencia del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, presidente de Mercasevilla, de un consejo de administración clave para el futuro de la empresa que "podría sufrir una quiera real si no hay soluciones". El PP culpa de la situación actual a "la pésima gestión política y de administración", así como a "las actuaciones ilícitas de los administradores de la compañía". Aparte de las pérdidas, hay un pasivo de 9 millones de euros de las prejubilaciones del ERE que debe poner la Junta de Andalucía, aunque no consta firma de este compromiso.