El TSJA obliga al Ayuntamiento a pagar seis millones por expropiar el Laredo

Fin del culebrón. Tras 34 años de espera ya se conoce la cifra final que pagará el Ayuntamiento de Sevilla por la expropiación del edificio Laredo. Seis millones de euros. La compra costará ocho veces más de lo previsto en una primera tasación oficial en 1997, que fue de 113 millones de pesetas (679.153 euros). Así lo ha fijado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estipula que el importe en retasación de la expropiación del inmueble regionalista se queda fijado en 2,2 millones de euros y los intereses de demora ascienden a 1,5 millones. A esto hay que sumar el justiprecio que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones hace seis años. 2,3 millones de euros que ya fueron abonados en su integridad bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Ahora, al equipo de Juan Espadas no le queda otra solución que cuadrar los números y sacar de sus primeros presupuestos municipales cuatro millones para cumplir con el último pronunciamiento del Alto Tribunal.

La primera tasación oficial fue de 113 millones de pesetas (679.143 euros) y llegó de la mano del Tribunal Provincial de Expropiación. El Ayuntamiento depositó el justiprecio fijado y firmó un acta de ocupación para asumir la propiedad legal a todos los efectos. Los planes municipales pasaban por abordar el proyecto de consolidación de un inmueble que contaba con unas estructuras muy deterioradas que necesitaban una urgente intervención de resanado. Los cambios de propiedad, los pleitos y las diferencias de valoración entre unos y otros no se iban a terminar aquí. Ni mucho menos. La anterior propietaria, la empresa Rosma, presentó, una vez fijada esa primera tasación, varios recursos en los que se cuestionaban tanto la legalidad del proceso de expropiación llevado a cabo en su día, como la valoración final del justiprecio. Reclamaba la devolución del edificio o el pago de al menos 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros).

Cuatro años más tarde, a finales de 2001, el TSJA condenaba al Ayuntamiento a pagar 298 millones de pesetas (1,8 millones de euros) por la expropiación hecha a la baja del Laredo. De las arcas municipales tenían que salir ahora 185 millones de pesetas (1,1 millones de euros) para completar el coste total de la operación. De nuevo vuelta a los tribunales. Una nueva sentencia del Alto Tribunal andaluz dictada el 21 de septiembre de 2007 ordenaba realizar otra retasación para fijar un nuevo justiprecio. La Comisión Provincial de Valoraciones se pronunciaba dos años más tardes elevando la cantidad a 2,4 millones de euros. El gobierno municipal encabezado por Monteseirín ingresa ese importe.

Ahora surge un nuevo matiz. Los propietarios del inmueble, ahora en manos de la entidad Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, tampoco están conformes e interponen un recurso, que el TSJA lo estima parcialmente al considerar que la retasación no tuvo en cuenta el valor comercial para toda la edificabilidad y un premio por afección. La sentencia es recurrida en febrero de 2013 por ambas partes. Ya con el popular Juan Ignacio Zoido como alcalde se fija una nueva retasación: 2,2 millones de euros. Además, ahora se condena al Ayuntamiento al pago de 1,2 millones por los intereses de demora acumulados, pretensión a la que la Gerencia de Urbanismo sólo opuso una exigencia de garantía que fue desestimada. A fecha de 31 de diciembre de 2015, los intereses generados en los últimos quince años suman 1,5 millones. A Espadas no le queda otra que pagar los 3,7 millones que faltan para que el marcador no siga sumando.